La auditoría de la Diputación a los contratos y subvenciones con empresas y asociaciones implicadas en la operación Zeta ha detectado infracciones "muy graves" en las ayudas concedidas a las entidades sin ánimo de lucro presididas por el principal imputado y supuesto cabecilla de la trama, el empresario Gerardo Crespo.
El Gobierno provincial ha dado cuenta hoy en el pleno del informe del departamento de Intervención, que fue solicitado por el BNG en octubre de 2014 a raíz de que se levantase el sumario del proceso judicial que investiga el supuesto fraude de más de 20 millones en ayudas y adjudicaciones de administraciones públicas. La Diputación trasladará sus conclusiones, que no han llegado a debatirse en el pleno, al juzgado.
En total, se han investigado 15 subvenciones concedidas entre los años 2009 y 2012 a las entidades implicadas en la operación Zeta, ocho de ellas vinculadas al empresario Gerardo Crespo. El departamento provincial también ha detectado graves infracciones en dos subvenciones concedidas a un trabajador de la Diputación, Juan Sáenz-Chas. en calidad de presidente de la Asociación de Vecinos de La Marina (es a su vez presidente la Federación de Asociaciones de Vecinos Salvador de Madariaga, Juan Sáenz-Chas, de la que es vicepresidente Gerardo Crespo).
La auditoría concluye que Gerardo Crespo y Juan Sáenz-Chas no han podido acreditar que se realizasen las actividades para las que fueron concedidas las ayudas, dirigidas en su mayor parte la impartición de cursos y talleres. En todos los casos, Intervención ha comprobado que los trabajos habían sido concertadas y facturadas por empresas vinculadas al presunto cabecilla de la trama.
El principal implicado en la operación Zeta había solicitado las ayudas a través de la Asociación de Empresarial de Discapacitados, la Asociación de Vecinos del Ensanche y la Fundación para el Desarrollo de la Empleabilidad y Formación en Galicia. Y Juan Chas obtuvo dos como presidente de la Asociación de Vecinos de La Marina.
Se trata de subvenciones de escaso importe, que oscilaban entre 498 a 2.278 euros. Las solicitadas por Gerardo Crespo iban dirigidas a realizar cursos de atención sociosanitaria -599 euros-, jornadas de igualdad en el ámbito laboral -797 euros-, una ruta de museos -2.278 euros-, un taller de instrumentos musicales -1.097 euros-, jornadas sobre los derechos de mujeres trabajadoras -1.247 euros-, de fomento del autoempleo -599 euros- o una "senda virtual de la cultura" -697 euros-. Intervención ha comprobado que los trabajos fueron facturados por empresas de su conglomerado empresarial, como ediciones Transfontao, Gecreri, Gecam Formación, Crea2 Ediciones, Propuestas Empresariales, Informaziona o Mavilga. En todos los casos, la Diputación intentó notificar sin éxito las conclusiones provisionales de la auditoría a las empresas.
Las dos ayudas concedidas a Juan Sáenz-Chas como presidente de la Asociación de Vecinos de La Marina iban dirigidas a la celebración del taller Ayudando en casa -799 euros- y un taller de marionetas -1.497 euros-. El dirigente vecinal presentó como justificación tres facturas de Ediciones Transfontao (vinculada a Crespo) y un ejemplar del cartel publicitario. La Diputación constató que la asociación carecía de local en el que celebrar la actividad, una carencia que Juan Sáenz-Chas intentó justificar explicando que las actividades se realizaban en el "salón de su casa, que cedía desinteresadamente", según recoge el informe. Intervención concluye que ha sido imposible verificar las facturas justificativas y que no existe ninguna evidencia "razonable y justificada" de que la actividad haya sido realizada. La auditoría concluye lo mismo sobre la subvención de 1.497 euros para un taller de títeres, que también fue justificada con una factura del grupo de Gerardo Crespo y, según el presidente, fue celebrada también en el salón de su casa
Intervención concluye que los beneficiarios de las ayudas pudieron haber cometido una infracción muy grave por lo que procede el reintegro de la subvención y la interposición de una multa por el doble o triple de la cantidad percibida.
Los dos contratos adjudicados a las empresas del conglomerado de Gerardo Crespo -adjudicados por procedimiento abierto en 2009 y 2011-, sí han recibido el visto bueno de Intervención. El departamento encargado de velar por la legalidad ha informado favorablemente la adjudicación a Gecreri -de Gerardo Crespo- de dos cursos de tiempo libre por 36.478 euros y la realización de una serie de talleres de empleo de la Rede Xiana (190.000 euros).
