El Gobierno municipal ha propuesto a la oposición una modificación de las ordenanzas de gestión y recaudación para dar la posibilidad a los contribuyentes de fraccionar en seis plazos el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), obteniendo por ello una bonificación del 3%. Este es uno de los cambios que el actual Ejecutivo de la Marea planteará al resto de partidos de la Corporación antes de su debate y votación en el pleno. El alcalde, Xulio Ferreiro, defendió ayer que esta reorganización de los tributos y bonificaciones busca una "redistribución más justa" de la carga impositiva municipal. Ninguno de los tres grupos de la oposición se pronunciaron ayer sobre la propuesta del Gobierno local.

Posibilidad de pagar en seis plazos con bonificación del 3%. El actual Gobierno municipal pretende modificar la ordenanza de Recaudación en lo que afecta a los impuestos del IBI y el impuesto de vehículos para poder pagarlos en seis plazos. Los contribuyentes que se acojan a esta posibilidad contarán con una bonificación del 3%. El Partido Popular había aprobado inicialmente en febrero de este año un "plan de pago personalizado" que permitía fraccionar el pago en dos, tres o cinco plazos con una bonificación del 2%, aunque no llegó a entrar en vigor. Este sistema se aplicaba al pago del IBI y el impuesto de vehículos, pero también al de actividades económicas (IAE), a la tasa de recogida de basura industrial y a los vados. Durante su mandato, el PP puso en marcha una bonificación del 2% en el pago fraccionado del IBI. A principios de este año, 1.200 coruñeses se habían acogido a este pago en dos cuotas, con una bonificación del 2%.

IBI congelado aunque no para el Puerto. El Gobierno de la Marea propone congelar en 2016 el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) dejando en el 0,6% el tipo que se cobra sobre el valor catastral de las propiedades. No correrán la misma suerte los aeropuertos y puertos comerciales. Las propiedades de las que estos sean titulares pasarán a pagar un tipo del 1,3% -hasta ahora era del 0,6%-, con excepción de las instalaciones relacionadas con actividades pesqueras, como la lonja, que lo soliciten y que mantendrán el gravamen anterior.

Más descuentos a familias numerosas. El Gobierno municipal propone ampliar los descuentos a las familias numerosas en el IBI pero haciéndolo de forma progresiva, atendiendo al nivel de renta. Con la ordenanza vigente, la bonificación va del 40% para las familias con tres, cuatro o cinco hijos al 60% para las que tienen ocho o más. La propuesta del Ejecutivo establece tres tipos de descuentos: del 90% cuando la renta familiar per cápita neta al mes sea inferior o igual a 532,51 euros -que equivalen al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem)-, del 70% cuando sea inferior a 798,76 euros y del 50% cuando sea inferior a 1.065,02 euros. Además, para beneficiarse de alguna de estas bonificaciones, será necesario que el valor catastral de la vivienda no supere los 300.000 euros. La bonificación del 50% -es el máximo legal- que se aplica a las viviendas de protección oficial se extendería de cinco a siete años conforme a la propuesta del Gobierno local.

Más recargo a viviendas vacías de la Sareb y la banca privada. La Marea también propone aumentar el recargo que se cobra con el IBI a las viviendas permanentemente vacías. Así, proponen que este pase del 25% al 50%. En la actual ordenanza se entienden como inmuebles desocupados aquellos que no estén dados de alta en el servicio de suministro de agua o tengan un promedio trimestral de consumo inferior a 0,10 metros cúbicos al día. También entran en esta categoría las viviendas "manifiestamente desocupadas o inhabitables". Sí se entenderá que están ocupadas aquellas en las que figure empadronada una persona. Ferreiro, sin embargo, aseguró ayer que para poder aplicar este recargo es necesario "el desarrollo legal de lo que se entiende por viviendas desocupadas con carácter permanente", competencia que correspondería, dice, al Gobierno central y autonómico. A diferencia del actual modelo, este recargo solo se aplicaría a las viviendas propiedad de la Sareb y de entidades financieras.

Menos ayudas a constructoras e inmobiliarias. Ahora, las empresas dedicadas a la actividad urbanística, constructiva e inmobiliaria contaban con una bonificación del 90% a la hora de pagar el IBI. La Marea propone rebajarlo al 50%.

El agua, más barata para pequeños consumidores y más cara para los grandes. El Gobierno plantea que el coste que se paga mensualmente por el simple hecho de tener disponible el servicio de agua sea de 4,07 euros y no de 5,76, como se venía cobrando ahora a usuarios con un caudal de agua inferior a 2,3 metros cúbicos por hora. En la parte variable de la tarifa, la que se cobra en función de los litros de agua consumida, se introduce un nuevo tramo para grandes consumidores a partir de 200 metros cúbicos al mes. En la propuesta remitida a la oposición y a los medios no se especifica el precio para estos grandes consumidores, asociados a grandes empresas. En la actual ordenanza, el tramo más caro era el aplicado a quienes consumen más de 51 metros cúbicos al mes, que pagan a partir de esta cantidad el metro cúbico consumido a 0,6471 euros.

Agua más barata para las menores rentas. La Marea también propone que los beneficiarios de la Renta de Inserción Social de Galicia (Risga) u otras ayudas similares, como la renta municipal que está preparando el Gobierno local, tengan acceso al servicio de agua de forma totalmente gratuita. El descuento sería del 75% para las familias con una renta neta inferior o igual a 532,51 euros al mes -correspondiente al Iprem- y del 50% para aquellas en las que la renta no supere los 798,76 euros. La ordenanza actual limita el descuento al 50% para quienes perciban la Risga.

Progresividad en el impuesto de vehículos. La propuesta de la Marea también propone cambios en la ordenanza que regula el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. El actual Gobierno introduce un impuesto más progresivo en función de la potencia fiscal de los vehículos. El coeficiente pasa del 1,784 a 1,5 para los turismos, ciclomotores y motocicletas con menos de 8 caballos fiscales, es decir, los de menos potencia. No se modifican los coeficientes de los tramos intermedios ni los aplicables a camiones, autobuses o remolques pero sí se aumenta a dos el coeficiente de vehículos de gran potencia.

Más descuentos para vehículos ecológicos. Los vehículos que emitan menos de 100 gramos de dióxido de carbono por kilómetro contarían con una bonificación del 75% durante los cuatro primeros, pasando al 50% posteriormente. En la actualidad, el descuento del 75% solo se aplica el primer año. En los que emitan menos de 120 gramos por kilómetro, la bonificación pasa del 25% al 50% con carácter indefinido mientras que para vehículos totalmente eléctricos o de emisión cero el descuento pasa del 50 al 75% para siempre.

Cambios en el impuesto de obras. La Marea también propone aplicar sobre las viviendas de protección oficial una bonificación del 50% en el impuesto construcciones, obras o instalaciones. Este tributo impone actualmente una cuota del 4% sobre el coste material de la obra, sin contar el IVA. El descuento será del 70% para construcciones, instalaciones u obras que se consideren de especial interés municipal por fomento del empleo.

Supresión de la tasa por traspaso de actividades. El Gobierno local propone suprimir la tasa que se cobra en los casos de traspaso, cesión o transmisión de la titularidad de un establecimiento, siempre y cuando se mantenga en ellos la misma actividad. Esto obligaría a modificar la ordenanza que regula la tasa por la intervención municipal en las comunicaciones previas, declaraciones responsables y en el otorgamiento de licencias de apertura de establecimientos.

Menos límite para solicitar el aplazamiento de deudas. La ordenanza General de Gestión también sería objeto de modificación al pretender este Gobierno que se rebaje el límite para permitir los aplazamientos o fraccionamientos de las deudas tributarias, pasando de los 15.000 euros actuales a los 600 euros. El equipo de Xulio Ferreiro entiende que esta medida facilita acogerse a este derecho a personas y familias con dificultades económicas.