La Agencia Tributaria investiga desde hace un año a la empresa concesionaria de la fábrica de armas, Hércules de Armamento, a raíz de las denuncias que habían presentado contra la compañía los exempleados de la planta vinculados a UGT, que alertaban de un posible delito de falsedad documental y fraude fiscal.
Fuentes del Gobierno central consultadas por este diario aseguran que Hacienda analiza desde octubre de 2014, momento en que se tramitaron estas denuncias, la documentación y las cuentas de la compañía. Un trabajo que, aseguran, todavía no ha finalizado.
Las declaraciones del Ejecutivo se produjeron el mismo día en que los exempleados de la factoría próximos a UGT se concentraron, como vienen haciendo todos los viernes durante las últimas semanas, frente a la Delegación del Gobierno. El motivo: exigir al delegado, Santiago Villanueva, un encuentro para explicar la situación en que se encuentran las investigaciones, que todavía permanecerían abiertas.
Desde la delegación indican que, por el momento, no se celebrará ningún encuentro con UGT ya que las exigencias planteadas por estos extrabajadores fueron "cumplidas". "Se solicitó una reunión de la comisión de seguimiento, y se hizo, y se trasladaron las denuncias al Ministerio de Hacienda, como se nos pedía", aseguran.
El Ministerio de Defensa aseguró en verano que Hércules de Armamento cumplía por aquel entonces con los compromisos que había adquirido y con las exigencias económicas que se fijaban el pliego de condiciones del concurso. La compañía asegura ahora que tendrá en nómina a un total de 155 empleados el próximo 26 de octubre, un día antes de cumplirse el primer aniversario desde que asumieron plenamente las instalaciones.
Fuentes de los actuales trabajadores de la compañía, que indican que la plantilla supera los 60 operarios, aseguran que las contrataciones "avanzan" a medida que se incrementa la carga de trabajo.
