El conflicto surgido hace un año y medio entre la Xunta y la empresa Gaia Gestión Deportiva por la administración de los centros polideportivos de titularidad autonómica en la ciudad tiene recorrido judicial y consecuencias en los usuarios. Los alumnos del instituto Agra do Orzán son de los últimos afectados: no pueden utilizar gratis la piscina del complejo del Agra, como hacían hasta el año pasado y durante los últimos 23 años de manera preferente en virtud de un acuerdo entre el centro y la Xunta. La asociación de padres y madres del instituto prepara movilizaciones para reclamar el fin de las diferencias entre las partes y la recuperación de la gratuidad de la piscina, según advierten desde el colectivo.

Se avecinan concentraciones ante la instalación, como también las hubo a las puertas de los complejos de Elviña y A Sardiñeira desde que Fundación Deporte Galego y Gaia mantienen problemas, entre otras razones, por la gestión de los centros, el mantenimiento de los servicios, el pago del canon o el uso que los colectivos hacen de las instalaciones, como ocurre desde el curso pasado en el Agra. Asociaciones vecinales como las de O Ventorrillo y Mariñeiros, colegios como el Raquel Camacho o el María Barbeito, y grupos de la Corporación ya han dado muestras de apoyo desde octubre a las reclamaciones hechas por el presidente del Consello Escolar, Miguel Santaolalla, y ahora el ANPA del centro.

Gaia cobra a quienes usan la piscina del Agra con independencia de que sus usuarios sean estudiantes del instituto y participen en actividades lectivas. En los nueve meses del curso pasado remitió al centro facturas de 6.500 euros mensuales para que este las abonara, pero lo que hizo la dirección fue enviarlas a los servicios jurídicos de la Xunta sin pagar ninguna. Los alumnos siguieron usando la instalación en sus clases de Educación Física, seis horas a la semana y en tandas rotatorias por trimestre.

En mayo cambió la situación. Una sentencia de un juzgado de Santiago dio la razón a Gaia en una demanda abierta con Fundación Deporte Galego por el pago por usar las instalaciones. La Xunta decidió entonces que fuese el instituto Agra do Orzán el que se hiciera cargo de la factura que la concesionaria de los pabellones le pasaría por ese uso por parte de los alumnos, que ya en mayo se concentraron ante el centro. Un inspector autonómico dio orden al Agra de no utilizar la piscina y este curso nadie se ha podido bañar. Pero los padres de los jóvenes afectados se movilizan para exigir soluciones y volver a la situación anterior.