La fábrica de armas de A Coruña se queda, por el momento, sin vigilantes. La empresa subcontratada por Hércules de Armamento ha dejado de prestar servicio desde la medianoche de ayer por impagos, según explicaron los trabajadores, que permanecían a cierre de esta edición frente a las puertas de la factoría de Pedralonga. Durante la misma tarde de ayer, los representantes de la antigua plantilla recibieron una carta de la Valedora do Pobo, informándoles de que ha solicitado a la Xunta y al Concello sendos informes que analicen el cumplimiento de los compromisos de la adjudicataria.
El casi medio centenar de personas que permanecía anoche en Pedralonga esperaba que la Guardia Civil o Policía Nacional se hiciese cargo de la custodia del complejo al terminar la jornada, debido a la naturaleza "crítica" de la actividad que se desarrolla en su interior. Pero las Fuerzas de Seguridad del Estado no aparecieron. "Estamos viendo el esperpento", señaló Roberto Teixido, presidente del comité cuando General Dynamics echó el cerrojo en junio de 2013.
Rozando las doce y media de la noche, los tres vigilantes del último turno activo procedían a abandonar el recinto, tras una conversación con el jefe de seguridad y después de que hubiesen entrado varias personas ligadas a Hércules, según describieron los operarios concentrados. A cierre de esta edición, y al no personarse ningún efectivo policial, tenían intención de ponerse en contacto con la Policía Nacional
Quince personas se quedan sin trabajo. El representante del comité de empresa de Segur Ibérica, destinado además en el complejo de Pedralonga, Manuel Gude (UGT), estima que la cantidad adeudada, según las informaciones que les ha ofrecido la empresa, está entre los 400.000 y el medio millón de euros. Los quince trabajadores cubrían turnos de día y noche durante 24 horas. La empresa, relata Gude, "llevaba tiempo" informándoles de los impagos, pero no fue hasta el lunes que les comunicó el cese del servicio. A la concentración asistieron los vigilantes que se quedan sin trabajo, además de miembros de la UGT de la antigua plantilla. Los trabajadores, en un comunicado, reclaman la intervención "urgente" de Defensa, por tratarse de una instalación especial en una situación de alerta generalizada en Europa.
Conflicto judicial
El cese de la actividad de la empresa de seguridad llega un día después de que se conociese la imputación judicial de Ramón Mejuto, máximo responsable de Hércules de Armamento, por un presunto delito de estafaimputaciónRamón MejutoHércules de Armamentoestafa sobre el que rehusó pronunciarse por no haber recibido la notificación.
La imputación parte del conflicto con el exsocio de la sociedad, Juan José Gómez, que llevó a Mejuto ante la Justicia acusándolo de "irregularidades" en las cuentas. Gómez, que abandonó el accionariado en julio, solicitó una auditoría del balance del último ejercicio. Con una "operación acordeón", el director se hizo entonces con la totalidad de las participaciones en la firma, a la que el Ministerio De defensa concedió la gestión de la histórica factoría coruñesa, en contra de la opinión de antiguos trabajadores, hace algo más de un año. Desde ese momento, representantes del antiguo comité de empresa, han cuestionado el proyecto de Hércules de Armamento y su "incomprensible" adjudicación frente a la otra aspirante, el grupo coruñés IFFE.
En la presentación pública del proyecto, que Hércules realizó en octubre de 2014, la compañía preveía que la producción de armamento ligero proporcionase el 44,85% de las ventas en 2015, aunque también contarían con un peso relevante los encargos del sector aeronáutico y componentes de la industria civil. También garantizaba que, un año después de la adjudicación, trabajarían en despachos y talleres 155 personas. En octubre, Hércules de Armamento llegaba a esta meta laboral con la incorporación de noventa empleados con contratos de cuatro horas.
Valedora do Pobo
Exempleados vinculados a UGT se han manifestado en los últimos meses ante la Delegación del Gobierno para conocer el estado de las investigaciones iniciadas después de una denuncia suya ante Hacienda. Ayer mismo informaban de que el encuentro con la Valedora do Pobo había dado frutos. Milagros Otero ha solicitado a la Xunta y al Concello -que participaron en las negociaciones para el concurso y posterior adjudicación de la fábrica- que les remitiese un informe sobre el estado de los compromisos.
El presidente del antiguo comité había denunciado incumplimientos por parte del conselleiro de Industria, el exalcalde Carlos Negreira y el ministro de Defensa. El alcalde, Xulio Ferreiro, informó de que se reunirá en Madrid con el secretario de Estado de Defensa.
