El Gobierno local y el Ministerio del Interior mantienen conversaciones para intentar darle un uso a la antigua prisión provincial "desde ya", según explicó ayer el alcalde, Xulio Ferreiro. "Hay un contencioso y estamos esperando a que eso se resuelva y, mientras, estamos intentando llegar a algún tipo de acuerdo con el Gobierno central a través de un convenio, o lo que sea, para ir dándole un uso", declaró el regidor municipal, en declaraciones al programa El coruñés opina, de Radio Coruña, en referencia al recurso presentado por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) y el Ministerio del Interior ante la Audiencia Nacional.

La Administración central pretende hacer valer el convenio de 2005, firmado por el entonces alcalde Francisco Vázquez con Instituciones Penitenciarias en el que se comprometía a pagar 1,2 millones de euros por la reversión del inmueble. Este dinero se estableció por la diferencia de valor entre la finca con la que se quedaba Interior para el centro de reinserción al lado de las cocheras de Tranvías (9.000 metros cuadrados) y la parcela en la que se ubicaba la prisión (de 12.792).

En una sentencia del Contencioso Administrativo número 3 se reconoce que "desaparecida la causa que justificó la cesión -al estar ya la cárcel cerrada- puede ejercitar la entidad local donante o cedente la reversión", aunque el fallo, finalmente, da la razón a la SIEP y considera lícito que reclame la cantidad pactada en 2005 mientras si el convenio sigue en vigor. La sentencia es de octubre de 2014 y, tras conocerla, el anterior Ejecutivo municipal inició el proceso para invalidar aquel pacto. Se procedió a anular los convenios de 2005 basándose en el documento de cesión de la parcela de 1925, en el que se decía que el terreno tendría que volver a manos municipales si dejaba de ser una cárcel.

Ferreiro explicó ayer que el Concello pretende darle un uso a la antigua prisión provincial que esté en sintonía con el trabajo ya elaborado por Proxecto Cárcere. "Nos parecía muy interesante retomar esa línea de movimientos sociales, de cultura viva, de autogestión del espacio, pero hay que asegurarse de que el espacio cumpla los requisitos de seguridad necesarios porque puede que no esté en todo el buen estado que debería", explicó el alcalde, "estamos en conversaciones con el Ministerio para poder darle un uso desde ya sin necesidad de esperar un año o más por esa sentencia". El mal estado de la antigua prisión provincial ha sido denunciado en varias ocasiones no solo por Proxecto Cárcere sino también por la asociación de vecinos Atochas-Monte-Alto-Torre de Hércules, que reclama un uso cultural y social para el inmueble.

En cuanto a la fábrica de armas, Ferreiro exigió a Defensa que cumpla sus compromisos, ya que había "decidido darle la concesión a una determinada empresa", Hércules de Armamento. Y es que, la empresa de seguridad se fue de las instalaciones por falta de pago.

Sobre las jornadas de trabajo que se desarrollaron en la ciudad este fin de semana con ciudades gobernadas por listas de confluencia popular, como Madrid, Barcelona, Zaragoza o Cádiz, Ferreiro especificó que el acto de Palexco se había pagado con fondos de la Marea y que las demás actividades no le habían supuesto a las arcas municipales más de 300 o 400 euros, ya que se limitaron a pagar "unas jarras de café y unos billetes de tren". Un coste que calificó de "módico" por la trascendencia mediática que acompañaron a las jornadas.

Sobre su futuro, Xulio Ferreiro aseguró que volverá a presentarse a la Alcaldía si los vecinos están contentos y si se lo permite su situación familiar, aunque aseguró que no lo haría más allá de otra legislatura. Junto al alcalde de Zaragoza, Pedro Santiesteve, comentó que la concesión de Nostián se está estudiando y que esperarán a que hablen los tribunales, aunque dejó claro que la empresa se pudo haber presentado al concurso "sin calcular" bien cómo sería el trabajo.