Un año y seis meses de cárcel. Esa es la condena que le impuso el Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña a un falso intermediario financiero que estafó a las personas que lo contrataban para que les consiguiese créditos. El procesado, según consta en la sentencia, entre 2010 y 2011 elaboró "un plan para enriquecerse de forma ilícita". Para llevar a cabo su propósito publicó anuncios en diferentes periódicos en los que ofrecía sus servicios como conseguidor de créditos de forma "fácil", una actividad a la que nunca se dedicó. Cuando las víctimas contactaban con él simulaba que realizaba gestiones para ganarse su confianza. Así, les presentaba para firmar un supuesto contrato de préstamo. El modelo que utilizaba era el que empleaba "de manera habitual" una empresa domiciliada en Barcelona para financiar sus operaciones comerciales.

El juez destaca en el fallo que el sentenciado "jamás" trabajó en esa compañía pese a que en los documentos hacía constar que era su apoderado y los firmaba "con una rúbrica o con nombres inventados". Durante la investigación no se esclareció cómo llegaron a su poder estos escritos. En el momento de la firma, el procesado exigía a quienes requerían sus servicios la entrega en efectivo de la primera cuota del crédito alegando en la mayor parte de las ocasiones que esa cantidad correspondía "al seguro".

"El dinero así obtenido pasaba a engrosar su patrimonio, pero los solicitantes del crédito ni obtenían el principal de éste ni, en la mayor parte de los casos, conseguían ponerse en contacto de nuevo con él", relata el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña en la sentencia. El imputado consiguió, de esta forma, que le entregasen, al menos, 3.000 euros. Ocasionalmente también usó dos cuentas de correo electrónico para convencer a sus clientes de que realizaba una actividad que era "pura ficción encaminada a lograr que dispusiesen de fondos a su favor", según subraya el juez, quien asevera que reconoció que usó este sistema para intentar aparentar que gestionaba a sus víctimas la concesión de un créditos de entre 6.000 euros y 30.000 euros. Las diligencias policiales iniciadas permitieron averiguar la existencia de más perjudicados, algunos de los cuales habían perdido la documentación acreditativa de las cantidades que habían entregado.

El acusado admitió ser el autor de los hechos, por lo que fue sentenciado como autor de un delito de falsedad en documento mercantil y de otro delito continuado de estafa.