Las defensas de los ocho acusados de secuestrar durante seis días a un empresario maderero de Cambre en enero de 2014 intentan llegar a un pacto sobre la condena con la fiscal y el abogado de la víctima, José Ramón Sierra. De esta forma, evitarían la celebración del juicio. Por el momento, la vista oral, prevista para ayer, se aplazó hasta hoy debido a la indisposición de uno de los procesados, que acudió el lunes al hospital para solicitar asistencia médica.

"La sala de la Audiencia no sabe qué padece o qué enfermedad tiene. No lo sabe ni su letrado ni el espíritu santo", ironizó Sierra. Fuentes judiciales apuntan a que se trata de una "estrategia" para retrasar la celebración del juicio y ganar tiempo para alcanzar el ansiado acuerdo. Además de la baja del imputado que recibió asistencia médica, otro de los sospechosos renunció a su abogado en el último momento, lo que también podría retrasar la vista. Si estas dos cuestiones no se solucionan, el tribunal aplazará hoy el juicio hasta el próximo año.

Los detenidos planearon el rapto de uno de los hermanos de la familia Diéguez Neira, dedicada al comercio de la madera, con el objetivo de obtener 70.000 euros por el rescate, según consideran probado las acusaciones. Los secuestradores se equivocaron de hermano, pero siguieron adelante con su propósito de conseguir el dinero. La víctima, confiada, se citó con uno de los cabecillas, quien le puso como excusa que tenía un monte con madera que quería vender. Así, logró que lo siguiese en su vehículo hasta una pista de Aranga, donde lo secuestró a punta de pistola con ayuda de otros acusados.

"Lo golpearon con gran saña en la cabeza", relata la fiscal en su informe. Tras taparle la boca con cinta aislante y cubrirle los ojos con un gorro de lana, lo trasladaron hasta una casa abandonada situada en Palas de Rei (Lugo). Después, decidieron cambiar su ubicación y lo transportaron al cobertizo de una vivienda del lugar de Xar, en Lalín, propiedad de un matrimonio de sexagenarios jubilados. El hombre permaneció durante cinco días en el galpón, que medía unos dos metros cuadrados, con la cara cubierta. Los procesados, según la Fiscalía, le dieron "un colchón sucio y viejo y algo de ropa para taparse" y lo obligaron "a orinar en una esquina en la que echaron serrín y a hacer sus heces en un cubo con agua" hasta que fue rescatado por medio centenar de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Uno de los presuntos cabecillas ya consignó 28.000 euros en concepto de indemnización para que, en caso de llegar a un acuerdo, tengan en cuenta la atenuante de reparación del daño. Esa cantidad, sin embargo, está muy lejos de los 75.000 euros que reclama la Fiscalía y de los 200.000 que pide la acusación particular. Además, el letrado que representa los intereses del empresario insistió en la "gravedad" de los delitos que se les imputan, al tiempo que subrayó que "no es cuestión de dinero" y abogó porque se les imponga "una condena ejemplar".

"Si les pusiesen tres o cuatro años saldría muy barato el secuestro en este país. Hablamos de un secuestro. La víctima es irrecuperable, aún está a tratamiento psicológico", aseveró el letrado de la acusación particular, quien advirtió que se puede "hablar de negociar siempre y cuando el acuerdo se ajuste a derecho". No obstante, no cerró la puerta al pacto porque evitaría que su cliente tuviese que "revivir" los hechos durante la declaración. "Estamos dispuestos siempre que se ofrezcan cosas factibles, no ridículas", sentenció.

La fiscal estaría dispuesta a negociar con las defensas siempre y cuando se parta de unas condenas mínimas de 8 años de cárcel, según informaron fuentes judiciales. En su escrito de calificación, el Ministerio público reclama que sean castigados con entre 10 y 13 años de prisión.