Los juzgados de violencia sobre la mujer de A Coruña ingresaron durante el primer semestre del año 1.107 asuntos penales. Entre enero y marzo entraron en los órganos judiciales 532 casos; y, entre abril y junio, 575. Durante los seis primeros meses abrieron 331 diligencias urgentes por casos relacionados con la violencia machista. Además, celebraron 68 juicios de faltas, la mayoría por vejaciones injustas o injurias. Los órganos de violencia sobre la mujer también tramitan demandas civiles, casi todas relacionadas con separaciones y divorcios y medidas sobre la guarda y custodia presentadas por las víctimas de malos tratos.
En la ciudad hay vigentes 320 órdenes de alejamiento y la Policía Nacional se encarga de velar por su cumplimiento. La Asociación Profesional de la Policía Local demanda más capacidad de intervención en las tareas de protección a las víctimas, ya que los agentes solo acuden en caso de llamadas a la sala del 092 en las que les alertan sobre casos de violencia sobre la mujer o de maltrato en el ámbito familiar. La entidad exige al Ayuntamiento que cumpla los convenios firmados por el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias relativos a la capacidad del 092 para apoyar y colaborar en operativos relacionados con la violencia de género.
Los juzgados españoles recibieron en el segundo trimestre del año un total de 32.023 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento interanual del 1%. En el mismo período de tiempo, se elevó también en un punto el porcentaje de sentencias condenatorias a maltratadores, que representaron el 62,4% del total de fallos dictados. Casi un 68% de las denuncias fueron presentadas por las propias víctimas, directamente en el juzgado o a través de atestados policiales.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reveló a finales del mes pasado un informe que refleja que más de un tercio de las órdenes de protección que las víctimas de violencia de género solicitan a los juzgados contra sus maltratadores son denegadas en Galicia, un porcentaje que se sitúa en la media estatal. La adopción de esta medida supone una protección "integral" para la víctima, que logra ayudas de asistencia socioeconómica, así como una orden de alejamiento de su agresor, disfrute de la vivienda compartida y la custodia de los hijos.
