La ría de O Burgo, cuya contaminación ha ensuciado también la gestión política de las últimas décadas en A Coruña, agota 2015 con dos buenas noticias: la exposición pública del proyecto de dragado elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y el compromiso del Ayuntamiento de invertir tres millones de euros en 2016 para completar la supresión del 75% de los veinte vertidos desde la ciudad con los que el Gobierno local se encontró al comenzar su mandato. Hasta ahora, las promesas políticas sobre la recuperación ambiental de la ría se han evaporado al mismo ritmo que el área coruñesa le ha dado la espalda al que debería ser su gran baluarte natural. El anuncio del plan de dragado por el Gobierno del PP, aunque sea en período electoral, supone un optimista primer paso en un proyecto al que el nuevo Ejecutivo central deberá dotar del presupuesto necesario, la nada despreciable inversión de 46,3 millones de euros en dos años. El arranque del Gobierno local no es menos optimista, a falta de su real ejecución. Al menos, por primera vez, un Ejecutivo coruñés ha reconocido cuál es la cuota de responsabilidad de la ciudad en los vertidos a la ría.
