La operación inmobiliaria de los muelles interiores se fraguó hace algo más de diez años, cuando el Ministerio de Fomento y el Concello firmaron el convenio para desafectar el puerto coruñés con el objetivo de obtener financiación para Langosteira. Al tiempo que se inauguraban las opacas Alas de Gaviota, el plan se vendía a la opinión pública como una oportunidad para recuperar el contacto de los vecinos con el mar en la fachada donde históricamente la ciudad había hecho vida. Comercios, paseos, parques, oficinas y, como no, viviendas. Hasta 4.000, calculaban. El convenio fijaba que al menos un 50% de ellas serían para protección oficial pero Francisco Vázquez llegó prometer que todos y cada uno de los pisos tendrían esta condición. La cuestión nunca se concretó.

La promesa se lanzó en una carta al director en el diario El País. En ella, el exregidor señalaba que el convenio de reordenación del puerto fijaba "las condiciones y usos urbanos del aprovechamiento urbanístico [de los muelles], que se dedicará íntegramente a viviendas de protección oficial".

Hasta ese momento, ni Fomento ni el Ayuntamiento habían elevado las previsiones del convenio que firmaron para recalificar los 400.000 metros cuadrados de los muelles de Batería, Calvo Sotelo, San Diego y Petrolero. Esperaban obtener, en plena era de algarabía constructiva, 150.000 euros. El convenio firmado por Francisco Vázquez y la entonces ministra Magdalena Álvarez dejaba escrito que la edificabilidad sería de "al menos" 344.581 metros cuadrados, concentrada en los muelles de San Diego y Petrolero.

El acuerdo estipula que, "de la totalidad edificabilidad residencial, el planeamiento calificará el 50% para vivienda protegida; dicho porcentaje constituye un mínimo, por lo que podrá ser elevado por común acuerdo entre las partes y sin perjuicio de que el titular de los terrenos opte por acoger a algún régimen de protección todas o parte de las viviendas restantes a edificar".

Al día siguiente de la encíclica, tanto la Xunta como la Autoridad Portuaria declaraban que aumentar la vivienda protegida en los muelles era viable, a pesar de que bajaría el precio del suelo. Es más, el presidente de la Autoridad Portuaria en 2005, Macario Fernández-Alonso, argumentaba que se podrían obtener beneficios con otros usos. Fernández-Alonso indicaba que el uso residencial no sería el único que tendría los muelles, una vez que los terrenos fuesen recalificados: "Hay más áreas, está la empresarial y otras para obtener recursos para la obra", respondía.

Lo cierto es que ese 100% de vivienda protegida comprometido por Francisco Vázquez en aquella tribuna pública del 14 de diciembre de 2005, nunca se llegó a plasmar en un documento urbanístico. En 2007, Javier Losada presentaba el plan Busquets para la zona, que incluía entre 2.000 y 4.000 viviendas. Figuraban además proyectos de hoteles, aparcamientos subterráneos, pasarelas y lago. Losada decía que A Coruña se convertiría en "el referente atlántico de España" y que se solucionarían los "problemas de suelo" de la ciudad.

Desde entonces, los mínimos legales de casas protegidas en los planes municipales han cambiado. El Gobierno de Carlos Negreira encargó a principios de año un estudio urbanístico para la reducción del porcentaje de pisos de precio tasado para adaptarse a los permisivos márgenes de la actual ley autonómica de vivienda. Los ajustes supondrían una reducción del 80%, pasando de 15.000 a 3.000. No se aprobó la modificación del plan general necesaria y quedó sin aplicar.

Al proyecto para los muelles le han caído años encima. Ni la misma coyuntura socioeconómica ni la misma ciudad ni la misma Corporación municipal. Esta misma semana, el pleno coruñés aprobaba, con los votos de Marea, PSOE y BNG y la abstención del PP, una moción para plantear a Fomento una renegociación sobre la recalificación de los muelles, para evitar que se especule con los terrenos. El Ejecutivo pide que el ministerio financie Langosteira con fondos públicos y no con el suelo de la ciudad.

A esta cuestión se opone frontalmente la Autoridad Portuaria, que insiste en la necesidad de abordar esta operación de venta de terrenos para pagar las facturas de la obra del puerto exterior, tal y como dejó firmado Francisco Vázquez en el convenio de 2005. En la primera reunión bilateral entre el nuevo Ejecutivo municipal con el Ministerio de Fomento la ministra se mostró abierta a negociar una rebaja de edificabilidad en los muelles.