El proceso iniciado el pasado 23 de octubre por el Gobierno local con la aprobación del proyecto de demolición parcial del edificio Conde de Fenosa podrá seguir adelante, ya que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimó el recurso presentado contra esa iniciativa por el denunciante de la ilegalidad del inmueble, el arquitecto Valentín Souto. El demandante reclamaba que no se admitiese el incidente de inejecución de la sentencia de 2001 que ordena el derribo del edificio porque están pendientes de resolver por el Tribunal Supremo siete solicitudes suyas en las que afirma que la única forma de cumplir ese fallo judicial es devolver el inmueble al estado al que se encontraba cuando era la sede administrativa de Fenosa antes de 1997.

El Tribunal Superior afirma en el acto firmado el pasado 10 de febrero y que se dio a conocer ayer que este criterio ya fue rechazado en dos resoluciones suyas el pasado año, lo que motivó un recurso de casación de Souto que todavía no ha sido resuelto. El Superior comunica al demandante que durante la tramitación del incidente de inejecución es cuando podrá exponer otros argumentos para oponerse a la iniciativa del Ayuntamiento.

El Gobierno local interpretó ayer esta resolución como que el tribunal "avala" su "estrategia procesal" para impedir la demolición total del Conde de Fenosa. El concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, destacó que la petición efectuada por el demandante para que se recupere la estructura antigua del inmueble implicaría en la práctica su derribo por completo.

Este departamento municipal fue el autor del proyecto de demolición parcial que se aprobó el pasado mes de octubre, que propone retirar los torreones del edificio, así como algunos aleros y cornisas, además de realizar obras en algunos lugares para cumplir las normas de seguridad. Los trabajos tendrían un coste de 2,1 millones de euros y una duración de 11 meses. Las reformas afectarían a más de la mitad de las viviendas, aunque se realizarían por fases para trastornar lo menos posible a los residentes, según el proyecto.

El Gobierno local argumentó para justificar su rechazo del derribo total que la ilegalidad del edificio no es completa, ya que el plan general de urbanismo de 2013 modificó su situación legal y en la actualidad se encuentra fuera de ordenación parcialfuera de ordenación parcial. También se destacó que las obras de 1997 no superaron la mitad de la superficie edificable, por lo que podría legalizarse con derribos parciales.