La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha iniciado ya el estudio de las alegaciones presentadas al proyecto de la ría de O Burgo, según fuentes de la Delegación del Gobierno, por lo que descarta esperar a que se cumpla el plazo de entrega para empezar a dictar resoluciones.

"En una reunión con el jefe de Demarcación de Costas, Rafael Eimil, nos dijo que se tendrían en cuenta todas las alegaciones presentadas, que no se rechazaría ninguna que estuviese bien argumentada", explicó ayer el portavoz de la Agrupación de Mariscadores a Pé, Manuel Baldomir, que temía que esta decisión de estudiar todas las propuestas aportadas al plan de dragado dilatase la ejecución de las obras de saneamiento.

El 21 de julio es el plazo límite que se da el Ministerio de Medio Ambiente para tener definido el proyecto del dragado, para entonces, tendrá que tener resueltas todas las alegaciones e incorporadas, las que considere, al plan a ejecutar. Según la resolución a la que ha tenido acceso este diario, el 21 de julio tendrá que presentar "el estudio de impacto ambiental, el documento técnico del proyecto y el resultado de la información pública".

Fuentes de la Delegación del Gobierno explicaron ayer que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar está ya estudiando las enmiendas y que, "si no se presentan nuevas alegaciones", que estarían ya fuera de plazo, la Administración "no agotará el plazo de remisión a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural para que dicte la Resolución de la Declaración de Impacto Ambiental".

La Mesa da Ría -formada por la Cofradía de Pescadores, la Plataforma en Defensa da Ría do Burgo, la Universidade da Coruña (UDC) y los cuatro concellos que lindan con el estuario, A Coruña, Oleiros, Cambre y Culleredo- firmó ayer un documento "simbólico" en el que presenta las condiciones que considera "irrenunciables" para la ejecución de la obra y su seguimiento cuando se vayan las máquinas del estuario. El documento no es vinculante, ya que cada una de las partes afectadas presentó en el plazo fijado para las administraciones -con límite fijado para el 19 de enero- las alegaciones al documento que consideró oportunas.

El documento, que lleva la firma de las siete entidades que forman la Mesa da Ría, centran en cinco puntos sus enmiendas al documento de la regeneración del estuario. Se quedan fuera del documento, según explicó ayer Baldomir, los temas de "obra civil", sobre los que no se pronuncia la Mesa.

Exigen, sin embargo, "una dotación presupuestaria y un calendario de actuaciones precisos y suficientes para su ejecución" con el objetivo de evitar "dilaciones innecesarias". Insisten también en la incompatibilidad de las obras de dragado y la extracción de bivalvos en el estuario.

La Mesa da Ría explica que "la posibilidad de que el dragado de los lodos movilicen sustancias contaminantes que se puedan disolver en el agua" son una razón de peso para que aboguen por "paralizar el marisqueo" durante la ejecución del dragado. Como compensación para los trabajadores, la Mesa pide ayudas que vayan más allá del tiempo en el que estén funcionando las máquinas en los bancos extractivos, llegando a mantenerse hasta que se "garanticen las condiciones óptimas para la práctica del marisqueo con total normalidad".

El tercer punto de las alegaciones se centra en la elaboración de un plan de vigilancia que durará "un mínimo de dos años" después de la finalización de las obras, para controlar "la calidad de las aguas de baño" sobre todo en los arenales de "Oza, Santa Cristina y Bastiagueiro"; para comprobar que los recintos en los que se va a confinar material contaminante extraído del fondo del estuario, y que estarán en Oleiros y Culleredo, son estancos y no tienen filtraciones. Las enmiendas pretenden incluir también un seguimiento de la evolución de las poblaciones de flora y fauna.

"Una verdadera restauración ambiental de la ría debería desembocar en la creación de un corredor ecológico entre el embalse de Cecebre y el mar, profundizando en las medidas de conservación que establece la Reserva da Biosfera", dice el punto cuarto de las alegaciones, que pide también que los usos de la ría estén ordenados y que se apliquen medidas de protección del ecosistema "durante el dragado" y después.

No es la primera vez que la piden pero, en este documento, lo han firmado todos, una "comisión de seguimiento", en la que estén no solo los integrantes de la Mesa da Ría, sino también el Ministerio de Medio Ambiente, las consellerías do Mar y de Medio Ambiente y otros "agentes sociales que puedan verse afectados por el proyecto de dragado" para que fiscalice las obras ejecutadas. El documento insiste en que la comisión ha de constituirse "previamente a la licitación del proyecto" y que continúe trabajando "como mínimo dos años después" de finalizado el dragado.