El canon anual sin pagar y la situación general de la concesión. Estos serán los dos asuntos principales que debatirá hoy la comisión de seguimiento a la gestión que la empresa Hércules de Armamento hace de la fábrica de armas, que reunirá en Madrid a representantes del Ministerio de Defensa y de la compañía que ganó el concurso público en septiembre de 2014.

Cada asunto ha sido objeto de polémica en el último año y medio, más acentuada la propia concesión y el modo en cómo Hércules de Armamento ha gestionado la actividad en la planta de Pedralonga, criticada con insistencia por extrabajadores y con repercusiones problemáticas en los actuales empleados.

Del impago del canon se tuvo conocimiento a comienzos de este mes por medio del propio Ministerio, que informó de que la empresa no había abonado los 250.000 euros que tenía que haber desembolsado en el mes de noviembre pasado por el alquiler de la instalación. El pliego de condiciones de la concesión señala que el canon se debe ingresar en la cuenta bancaria del Ministerio dentro del plazo de diez días hábiles desde aquel en que se cumple un año de la formalización de la adjudicación. El primer aniversario de la firma de la concesión se cumplió el 27 de octubre, por lo que el canon de 250.000 euros debería de haber sido abonado en los primeros quince días de noviembre de 2015. Hércules no cumplió esta condición.

La gestión actual de la fábrica de armas será analizada hoy por la propia empresa y el Ministerio de Defensa para despejar incógnitas sobre aspectos que ofrecen dudas sobre la actividad y el proyecto con el que los nuevos responsables ganaron el concurso. La planta se encarga ahora solo de producción para la industria civil porque carece de permisos del Ministerio para fabricar material militar. Defensa se lo prohibió a finales de noviembre al quedar el complejo sin servicio de vigilancia por impagos de Hércules de Armamento a la subcontrata de seguridad, Segur Ibérica.

Los 155 trabajadores -el mínimo exigido por Defensa- tienen además varios retrasos en sus nóminas y no todos trabajan la jornada completa, como admite el director del proyecto, Ramón Mejuto.

Los exempleados vinculados al sindicato UGT, acusados por Hércules de alejar a inversores en la fábrica, han elevado en todo este tiempo la voz de sus críticas, ya que denuncian que la empresa ha actuado con falsedad fiscal y documental y exigen la anulación de la concesión y la convocatoria de un nuevo concurso público.