El bloqueo institucional y jurídico que sufre la antigua cárcel provincial de A Coruña, construida en los años veinte del siglo pasado, es un ejemplo de los obstáculos que se interponen en la recuperación de edificios históricos o inmuebles de grandes dimensiones abandonados del municipio. Carente de uso desde 1998, la prisión es propiedad del Estado y el Ayuntamiento tiene que pagar 1,2 millones de euros si quiere abrirla y encontrarle un uso ciudadano, según señala una sentencia de la Audiencia Nacional. La reforma y reutilización de estos espacios es una reclamación constante de vecinos y arquitectos coruñeses, que se tropieza normalmente con la falta de verdadero interés de las instituciones por la rehabilitación a gran escala, la escasez de recursos para reactivar servicios o la fuerza de la especulación inmobiliaria.
La cárcel es un ejemplo del olvido en el que caen viejas construcciones que acumulan polvo y escombros durante años o décadas pese a la intención de distintos gobiernos locales y de colectivos diversos por reabrirlas, un interés real e insistente en unos casos o manifestado con timidez en otros. El Concello ha anunciado que peleará por la reversión del penal con un recurso ante el Tribunal Supremo y al mismo tiempo negociará su cesión temporal con el Ministerio del Interior.
En una situación de abandono parecida a la de la cárcel están también una gran parte de las naves del complejo industrial de la fábrica de armas de Pedralonga, donde desde el año pasado se recuperó parte de la producción con una nueva empresa gestora, Hércules de Armamento; la antigua delegación de Sanidade en Gregorio Hernández, a la que el Gobierno anterior prometió trasladar el cuartel de la Policía Local pero en donde no realizó progresos; y Comandancia de Obras en A Maestranza, cuyo concurso para la rehabilitación fue suspendido el mes pasado por Fomento, lo que retrasa o dificulta su reconversión. El PP había proyectado para ella el Cidea, una factoría relacionada con la ilustración y el diseño que no desarrolló.
Menos tiempo cerrado lleva otro inmueble cuyo futuro sigue siendo una incógnita, el complejo comercial Dolce Vita en A Grela, de más de 62.000 metros cuadrados, cerrado en 2014 y donde se llegó a proyectar sin éxito alguno su reactivación como centro de ocio nocturno y hostelería. En otro recinto comercial, el mercado de San Agustín, la planta superior carece de uso continuado y solo se abre en esporádicas ocasiones al celebrarse actos colectivos.
El desuso también alcanza a grandes edificios que en la última década acabaron en manos de particulares y entidades financieras y de los que estas se desprendieron traspasando al banco malo o Sareb o puesto a la venta sin que hayan encontrado comprador. Un ejemplo es el cine Avenida, en Los Cantones, cerrado en 1997; otro es el antiguo Centro Social y Financiero de Caixanova, que ocupó todo un edificio de la Marina desde 2006 hasta finales de 2011. En la Ciudad Vieja permanece inutilizada y sin acceso al público la Casa de Rosalía, sobre la quedó estancada una propuesta vecinal para convertirla en un museo en torno a la figura de la escritora gallega. Y en Santa Gema continúa vacío su antiguo colegio internado femenino, donde durante varios meses hasta 2014 se instalaron okupas sobre los que recayó una orden de desalojo.
En los últimos años, no obstante, algunos edificios públicos que llevaban tiempo sin uso han recobrado actividad o están en proceso de completar una nueva vida útil. Es lo que ocurre con el antiguo Gobierno Militar, en la Ciudad Vieja, vacío desde 2009. Una parte del inmueble está a disposición de los vecinos del barrio como centro cívico desde el mandato del PP, pero en el que falta aún habilitar otras áreas para almacenar u ofrecer contenidos y servicios culturales.
Otros inmuebles han entrado en una etapa de incertidumbre después de que sus servicios se trasladasen a otro lugar, como ocurre con la antigua sede de la institución Padre Rubinos en la avenida de Labañou o la cafetería Remanso en Cuatro Caminos. El Gobierno de Marea Atlántica ha previsto que el primero se convierta en sede de entidades sociales y el segundo, en un centro vecinal sin perder su uso hostelero, para lo que tendrá que modificar el planeamiento municipal. Ninguno de estos planes, que quedaron pendientes del Ejecutivo anterior, se ha llevado a la práctica todavía.
Dudas parecidas se ciernen sobre la actual sede del Ministerio de Defensa en el cuartel de Santo Domingo, que se trasladará en breve al edificio de Comandancia Naval en Alférez Provisional y dejará libre en la Ciudad Vieja una propiedad de la que ya no quiere ser titular el Estado y para la que no hay previsión. Otro espacio que quedará liberado más adelante, cuando adquiera forma y complete fases la estación intermodal, será la estación de autobuses de Cuatro Caminos, en la que desde hace meses ya no prestan servicio la cafetería, el quiosco y el puesto de lotería.
En el umbral de una nueva fase, muy próximo a su particular resurrección, se encuentra también la fábrica de tabacos de A Palloza, cuya inauguración como sede de varias dependencias judiciales está prevista para este año electoral tras casi dos de obras y algunos más sin actividad. Su anunciada nueva utilidad es envidia de quienes también la reclaman para un recinto de grandes dimensiones como la antigua cárcel con vistas a la Torre de Hércules, bien patrimonial que ahora, en su estado, desluce una de las fachadas más vistosas de la ciudad.
