El presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), Eliseo Calviño, negó haber defraudado más de cuatro millones de euros en subvenciones para cursos de formación, tal y como sospechan la Agencia Tributaria y la juez que instruye la operación Zeta.Agencia Tributariaoperación Zeta El sospechoso proclamó su "inocencia" y mantuvo que el inicio de la investigación, que surgió en 2011 a raíz de una denuncia presentada por dos de sus empleadas, se debió a que al empresario Gerardo Crespo le tenían "ganas" los políticos. Calviño y Crespo, dos de los presuntos cabecillas de la trama, trabajaban juntos, ya que Azetanet se encargaba de organizar los cursos para los que Caype recibía las subvenciones. "Se enfadaron cuando vieron una foto de Crespo con Rajoy en la Moncloa. Yo también estaba allí", aseguró. El dirigente de la confederación de autónomos, por tanto, insinuó que los investigadores y la Justicia actuaron de acuerdo a directrices políticas.

Además, defendió que no conocía a Gerardo Crespo y que comenzó a subcontratar a su consultoría para impartir las clases porque se lo recomendó la Xunta. "Es una persona muy capacitada e inteligente. Tenía más de 160 empleados. Lo respeto mucho", aseveró Calviño, quien defendió el haber contratado a su mujer para impartir un curso de manipuladora de alimentos a distancia de 14 horas por el que cobró 2.000 euros.

Los investigadores reflejan en el sumario que el precio de mercado serían 200 euros. El sospechoso de participar en el presunto fraude milonario admitió tener un salario de 4.500 euros al mes de Caype. "Tenía el sueldo de un directivo de una mediana empresa porque trabajaba mucho para poder constituir una gran organización. Lo decidió la ejecutiva de la confederación porque le dedicaba tantas horas que tenían miedo de que me cansase", manifestó, al tiempo que destacó que solo percibió ese salario durante tres años.

"No he sacado ni un solo boli de las organizaciones que dirigí desde 1972. He dedicado cientos de miles de horas de tiempo a los demás. Debe ser que me viene por mi formación humanista", espetó. Tanto el investigado como su abogado, Xoán Antón Pérez Lema, insistieron en que de los 4,5 millones que recibió Caype del Ministerio de Trabajo, tan solo le han reclamado 330.000 por irregularidades administrativas. "Debe de haber una panda de imbéciles en el ministerio y otros de igual calibre en la comunidad autónoma que nos entregaban subvenciones a Crespo y a mí sin hacer nada", ironizó el sospechoso.