Con el argumento de defender los "intereses municipales", los de los "afectados" y los de "los coruñeses", el Gobierno de Marea encontró ayer apoyo del resto de la Corporación municipal a mantener abiertas las vías para regularizar el edificio Conde de Fenosa y evitar su derribo total, pese a la sentencia del Tribunal Supremo que señala que no es posible legalizarlo si no se lo devuelve al estado previo a las obras de rehabilitación en 1997. Los grupos del PP, PSOE y BNG coinciden en respaldar tanto el proyecto arquitectónico de demolición parcial del inmueble de Fernando Macías como el incidente presentado ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para que declare que es legalmente imposible ejecutar el fallo.

"Bajo nuestra administración se inició un expediente de demolición parcial y una legalización que el Supremo no impide", recordó ayer el alcalde, Xulio Ferreiro, al reiterar que el Gobierno local ha apostado por seguir "una vía perfectamente legal que sigue abierta" y que para por el expediente de demolición parcial del edificio.

"Entendemos que el Tribunal Supremo no impide la legalización del inmueble ni la tramitación del incidente para declarar legalmente imposible la ejecución del fallo", secundó la portavoz del grupo del BNG, Avia Veira.

El grupo popular recordó su parcela de responsabilidad en la legalización del inmueble e instó a Ferreiro a trabajar para proteger esos intereses generales y no tener que sufrir las consecuencias de posibles indemnizaciones. "El nuevo auto del Tribunal Supremo no invalida el incidente de inejecución que empezó el anterior Gobierno y cuya línea es con la que continúa Marea. Ahora hay que esperar a lo que diga el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al respecto", apuntó la portavoz del PP, Rosa Gallego.

Desde la agrupación del PSOE, bajo cuyo mandato en 1997 -con Francisco Vázquez en la Alcaldía- se concedió a la inmobiliaria Fadesa la licencia ilegal para rehabilitar el céntrico edificio, se aludió a la "defensa del interés general" para ofrecer en este caso "respaldo a las decisiones" que adopte el Gobierno municipal.

Los socialistas no realizaron alusión alguna a las responsabilidades políticas en la concesión del permiso para obrar en la antigua sede central de Fenosa en la ciudad y convertirla en un inmueble con viviendas y locales comerciales. Los populares, sin mencionar al PSOE, sí apuntaron que "los únicos culpables son los que dieron la licencia ilegal" mientras el resto de gobiernos locales se ha "dedicado a intentar arreglar el problema".

El alcalde atribuyó al "mandato socialista" una responsabilidad política en el caso por otorgar una licencia "que no era correcta", aunque descartó reclamar responsabilidades legales mientras no se señale al Ayuntamiento como culpable de alguna irregularidad urbanística relacionada con la rehabilitación del inmueble.

"La responsabilidad puede ser penal y para eso debe aclararlo un órgano penal cuando haya acusación. Puede haber una responsabilidad civil, y para eso tiene que haber unas personas que consideren que se les ha provocado un daño y reclamen esa responsabilidad civil en los juzgados o en la administración. Mientras no se produzcan estas dos reclamaciones no se puede dar por hecha la existencias de esa responsabilidad. Nosotros no vamos a dar por hecho que el Concello tiene que asumir una responsabilidad. Si alguien lo dice, en ese momento ya veremos cómo actuar", explicó Xulio Ferreiro.

De responsabilidades también habló ayer el denunciante de las irregularidades cometidas en la reforma del edificio Fenosa hace 18 años

responsabilidades denunciante irregularidades reforma del edificio Fenosa , quien acusó al Gobierno local de Marea de actuar "de la misma manera" que sus predecesores y "mareando la perdiz" al negarse a acatar el fallo del Supremo.

El demandante interpreta que con la sentencia de marzo pasado dada a conocer esta semana se acaba con las "improcedentes e ilegales actuaciones de los sucesivos responsables del Ayuntamiento"demandante sentencia para impedir la ejecución de un fallo del TSXG de 2001 que ordenaba "la demolición de las obras de rehabilitación ejecutadas al amparo de la licencia municipal anulada, la que otorgó el Gobierno local de Vázquez a Fadesa en 1997.