La Fundación María José Jove, titular de la residencia privada Rialta, reclama en los tribunales a la Universidade da Coruña (UDC) el abono de casi seis millones de euros como indemnización por no haber renovado el convenio de colaboración firmado en 1994 entre ambas entidades, por el cual la UDC subvencionaba el alojamiento en Rialta a universitarios.
Desde aquel año y hasta el curso pasado, Rialta fue la única residencia concertada que se ofrecía a los matriculados en A Coruña. Aunque las ayudas para costear el alojamiento en este complejo fueron menguando en los últimos años, para este curso académico la Universidad acabó sustituyendo el concierto por subvenciones directas, dirigidas a un máximo de 240 estudiantes y por importe de 140 euros mensuales, de forma que son los propios alumnos los que escogen la forma de alojamiento que más les convenga.
El anterior rector, Xosé Luís Armesto, achacó el cambio a que el concierto con Rialta "no se ajustaba a las necesidades de los estudiantes", ya que en el anterior ejercicio solo se habían ocupado 95 de las 175 plazas subvencionadas por la Universidad. Los 167 euros mensuales solo cubrían parte del alojamiento en Rialta, que de media ronda los 290 euros para cada universitario, a lo que habría que sumar gastos de transporte o comedor. "Pensamos que quizá no lo estábamos haciendo bien con esas ayudas", señaló el rector respecto al concierto.
La Fundación Jove, que no quiso pronunciarse ayer sobre sus razones para plantear este litigio judicial. Según la Universidad, la Fundación entiende que estos casi seis millones de euros -el presupuesto de la UDC este año asciende a 114,5 millones- deben ser abonados como contraprestación por el perjuicio económico que, estima, padecerá en Rialta al no poder ofrecer plazas de alojamiento por debajo del precio de mercado, al no contar ya con las subvenciones de la UDC.
El actual equipo rectoral entiende que la postura de la Fundación "no tiene sentido" ya que el concierto era un convenio de "colaboración" que se iba prorrogando de mutuo acuerdo anualmente. "La Residencia Rialta se construyó como negocio privado por su cuenta y riesgo. El convenio de colaboración se firmó a posteriori, así que no tiene sentido que se reclame indemnización como si se tratase de algún tipo de concesión pública que se rescinde", señala el secretario general de la Universidade, Carlos Aymerich.
El recurso contra el fin de las subvenciones se suma a otro presentado también por la Fundación Jove contra el convenio firmado en octubre de 2015 por Diputación y UDC para convertir el colegio Calvo Sotelo en residencia pública universitaria. La Junta de Gobierno de la Diputación, de hecho, tomó ayer conocimiento de la resolución de su presidente, Valentín González Formoso, por la que la institución provincial se persona en este frente judicial, interpuesto en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
De acuerdo con este convenio, la residencia universitaria estará en un ala del Calvo Sotelo y contará con cien plazas repartidas en habitaciones dobles con baño, si bien podrían aumentar en función de la demanda. Las tres instituciones preveían que las plazas se pudiesen ofertar ya durante el próximo curso. En el pasado, el colegio albergaba a 400 internos aunque ahora viven unos 50 jóvenes becados por la Diputación.
Tanto la Universidad como la Diputación promoverán que la nueva residencia universitaria lleve el nombre de la maestra represaliada por el franquismo Elvira Bao, que nació y vivió a pocos metros del edificio de San Roque de Afuera. Atienden así a una demanda de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, que fue quien puso este nombre sobre la mesa.
Hasta ahora, el proyecto de residencia pública en la ciudad que más lejos había llegado fue puesto en marcha en septiembre de 2007 por la Consellería de Vivenda e Solo, dirigida durante la etapa del Gobierno de coalición de PSOE y BNG por Teresa Táboas. La Xunta llegó a iniciar las expropiaciones de casi 70 parcelas -un total de 44.000 metros cuadrados- entre la facultad de Informática y el núcleo rural del castro de Elviña para la construcción de una residencia con 600 plazas. La Xunta llegó a contratar el diseño de la obra, planeada para ser estrenada en 2009, pero canceló su ejecución. Tras la entrada del Partido Popular en los gobiernos autonómico y local, en 2009 y 2011, el proyecto se paralizó definitivamente.
El PP esgrimió escasez de fondos públicos para llevar a cabo la residencia, cuyo presupuesto para urbanización y edificación rondaba los 20 millones de euros. El entonces conselleiro de Medio Ambiente, Obras e Infraestruturas, Agustín Hernández, calificó el proyecto escogido por el anterior Ejecutivo de "despilfarro de recursos públicos" y prometió levantar un complejo residencial distinto por un importe cercano a los diez millones.
