Los vecinos que tengan sin saldar deudas tributarias con la administración o con la Seguridad Social podrán beneficiarse igualmente de la renta social que pondrá en marcha el Gobierno. Este es uno de los cambios que el Ejecutivo ha introducido en la ordenanza reguladora de esta ayuda que presentó al resto de partidos en la Comisión de Xustiza Social del pasado 2 de marzo con respecto al borrador que había hecho público a finales de 2015.

Los pagos pendientes con la administración por parte de vecinos en situación de exclusión social eran una de las complicaciones que en el pasado afrontaron otros Ejecutivos municipales a la hora de poder otorgar las ayudas contra la exclusión. Ahora, las deudas no serán un impedimento si se cumplen el resto de requisitos.

Aunque el proyecto todavía no ha sido aprobado en Junta de Gobierno, la propuesta remitida a la oposición también modifica ligeramente la cuantía de la ayuda. En el borrador, la cantidad a percibir por los beneficiarios iba a ser del 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que este año es de 532,51 euros mensuales, a los que se incrementaría un 20% por cada miembro que componga la unidad familiar solicitante. En la propuesta remitida en marzo, este aumento es del 25%.

Esta renta está pensada para dar cobertura a personas que no tienen derecho a la Renda de Inclusión Social de Galicia (Risga), para que puedan hacer frente a necesidades básicas, como la alimentación, la ropa y el alojamiento -hipoteca o alquiler- siempre y cuando la vivienda esté en el Concello de A Coruña. Los beneficiarios deberán participar en unos itinerarios específicos de formación con el fin de lograr salir de su situación de exclusión.

El receptor de la renta deberá acreditar periódicamente a través de facturas y otros documentos similares los gastos realizados con el subsidio. Este solo podrá otorgarse durante seis meses, prorrogables hasta un máximo de 18.

El Gobierno local está a la espera de que el Diario Oficial de Galicia (DOG) publique un decreto que permitirá a los municipios otorgar directamente este tipo de ayudas. Entre los diversos requisitos con que contarán los beneficiarios se encuentra el de no tener unos ingresos mensuales que superen los 1.065 euros. Quienes reciban el subsidio deberán estar registrados como demandantes de empleo.