El alcalde, Xulio Ferreiro, aseguró ayer que el Gobierno local tratará de aprobar en uno de los próximos plenos la ordenanza que regulará la renta social municipal, pese a no haberse publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el decreto de la Xunta que, según el Concello, daría permiso a las administraciones locales para conceder estas ayudas, homologables a la Renta de Inserción Social de Galicia (Risga).

Ferreiro aseguró en una entrevista en Onda Cero A Coruña que este decreto autonómico ya fue aprobado en febrero y que, desde entonces, el Concello ha permanecido en "stand by" a la espera de que se publicase de forma oficial. "La Xunta parece que no tiene intención de publicarlo, supongo que no quieren que podamos contar con herramientas para mejorar la vida de la gente", señaló el regidor. Después de varias consultas de este diario, la Xunta no ha informado de la situación en que se encuentra el decreto.

La creación de una renta social municipal para vecinos en situación de exclusión social que no puedan acceder a la Risga fue una de las promesas estrella durante la campaña de la Marea Atlántica, que había estimado su coste en tres millones de euros. La cuantía para 2016 ascenderá finalmente a algo más de dos millones, dado que los presupuestos se aprobaron todavía este lunes y solo estarán en vigor durante seis meses, hasta el 31 de diciembre de este año.

El proyecto de ordenanza de renta social fue presentado al resto de partidos en la Comisión de Xustiza Social e Coidados que se celebró en marzo. El subsidio está pensado para que personas en situación de exclusión puedan hacer frente a necesidades básicas, como la alimentación, la ropa y el alojamiento -hipoteca o alquiler-, siempre y cuando la vivienda esté en el término municipal de A Coruña. Los beneficiarios deberán participar en unos itinerarios específicos de formación con el fin de lograr salir de su situación de exclusión, así como acreditar periódicamente el uso que hacen del dinero, que se les ingresará en una cuenta bancaria.

Según el documento, este ingreso equivaldría al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que este año es de 532,51 euros mensuales, y que se incrementarían en un 25% por cada miembro de la unidad familiar solicitante. La ayuda solo podría otorgarse durante seis meses, prorrogables hasta un máximo de 18.

Los vecinos que tengan sin saldar deudas tributarias con la administración o con la Seguridad Social también se podrán beneficiar de la renta social que pondrá en marcha el Concello. Los pagos pendientes con la administración por parte de vecinos en situación de exclusión eran una de las complicaciones que en el pasado afrontaron otros Gobiernos municipales de la ciudad a la hora de poder otorgar las ayudas contra la pobreza.