La Xunta abre la puerta a que el Concello ponga en marcha a partir del próximo 6 de junio la renta social municipal, una ayuda destinada a vecinos de la ciudad en situación de exclusión social y que no tengan acceso a la Renta de Inserción Social de Galicia (Risga).

El Gobierno municipal permanecía a la espera de que el Diario Oficial de Galicia (DOG) recogiese un decreto de la Consellería de Política Social por el que se daba permiso a las administraciones locales para conceder este tipo de subsidios, hasta ahora en manos de la Xunta. Fuentes del Ejecutivo gallego señalaron ayer a este diario que este decreto estaba vinculado a la Lei de Economía Social de Galicia, publicada en el DOG el pasado 18 de mayo. La entrada en vigor de la norma no será efectiva hasta 20 días después de su publicación, por lo que a partir del 6 de junio el Concello ya tendrá vía libre para poner a funcionar una de sus promesas electorales estrella.

El alcalde, Xulio Ferreiro, acusó este miércoles al Gobierno gallego de demorar intencionadamente la publicación del decreto y anunció que llevará a uno de los próximos plenos la aprobación de la ordenanza que regirá el funcionamiento de la renta. "La Xunta parece que no tiene intención de publicarlo, supongo que no quieren que podamos contar con herramientas para mejorar la vida de la gente", señaló Ferreiro, a quien ahora replica el Ejecutivo gallego.

El proyecto de ordenanza de renta social fue presentado al resto de partidos en la Comisión de Xustiza Social e Coidados que se celebró en marzo. El subsidio está pensado para que personas en situación de exclusión puedan hacer frente a necesidades básicas, como la alimentación, la ropa y el alojamiento -hipoteca o alquiler-, siempre y cuando la vivienda esté en el término municipal de A Coruña. Los beneficiarios deberán participar en unos itinerarios específicos de formación con el fin de lograr salir de su situación de exclusión, así como acreditar periódicamente el uso que hacen del dinero, que se les ingresará en una cuenta bancaria.

Según el documento, este ingreso equivaldría al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que este año es de 532,51 euros mensuales, y que se incrementarían en un 25% por cada miembro de la unidad familiar solicitante. La ayuda solo podría otorgarse durante seis meses, prorrogables hasta un máximo de 18.

Los vecinos que tengan sin saldar deudas tributarias con la administración o con la Seguridad Social también se podrán beneficiar de la renta social que pondrá en marcha el Concello.