El Gobierno municipal dice contar con un plan A y un plan B para sacar adelante su proyecto de renta social que, asegura, se aprobará de forma "inminente". El camino que se tomará depende de si la Xunta publica o no el próximo 6 de junio en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el decreto que permite a las administraciones municipales conceder subsidios de este tipo, homologables a la Renta de Inserción Social de Galicia (Risga).

El Concello había criticado en los últimos meses la tardanza del Ejecutivo gallego a la hora de publicar este decreto, que se había aprobado ya en febrero. Desde San Caetano justificaban la demora alegando que esta norma dependía de la entrada en vigor el próximo 6 de junio la Ley de Economía Social de Galicia.

Si el decreto se formaliza en esta fecha, el Ejecutivo municipal optará por llevar a pleno una ordenanza que convertirá la renta social en una prestación social como la Risga, es decir, que no obligue a los beneficiarios a justificar de forma periódica en qué se gasta el dinero recibido. Si no se publica en el DOG, el Concello recurrirá a otra vía, la de aprobar una ordenanza que convierta la ayuda en una subvención, lo que sí exigiría a los receptores a demostrar cada cierto tiempo en qué usan la ayuda.

"Lo ideal sería aprobarla por la vía de la prestación, ya que supondría una menor carga administrativa para el Concello", señaló Cameán, que garantizó que, pase lo que pase, el proyecto se aprobará en Junta de Gobierno y se llevará a pleno de alguna de las dos formas "inminentemente". "La Xunta tiene que decidir si está con la gente para que los Concellos podamos hacer nuestro trabajo", remarcó.

Este último proyecto de ordenanza, el de la renta como subvención, fue el que se presentó al resto de partidos en la Comisión de Xustiza Social de marzo. El subsidio está pensado para que personas en situación de exclusión puedan hacer frente a necesidades básicas, como la alimentación, la ropa y el alojamiento -hipoteca o alquiler-, siempre y cuando la vivienda esté en el término municipal de A Coruña. Los beneficiarios deberán participar en unos itinerarios específicos de formación con el fin de lograr salir de su situación de exclusión.

Según el documento, este ingreso equivaldría al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que este año es de 532,51 euros mensuales, y que se incrementarían en un 25% por cada miembro de la unidad familiar solicitante. La ayuda solo podría otorgarse durante seis meses, prorrogables hasta un máximo de 18. Los vecinos que tengan sin saldar deudas tributarias con la administración o con la Seguridad Social también se podrán beneficiar de la renta social.