La reforma legal que impone a los juzgados un plazo máximo de seis meses para instruir las causas provoca dificultades en los órganos coruñeses. El próximo 6 de junio se cumple un mes de la entrada en vigor de la normativa, lo que obliga a los jueces instructores a revisar los casos para concluir las investigaciones o prorrogarlas. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña, Natalia Paz Domínguez Pernas, explica algunos de los problemas a los que se enfrentan. Eso sí, puntualiza que habla en su "nombre". La magistrada admite que el volumen de trabajo que soportan en A Coruña los juzgados de instrucción es "aceptable", pero sostiene que la revisión de las causas que están llevando a cabo les resulta "dificultosa".

"No nos preocupa tanto el ahora, que vencen el 6 de junio, si no el después. Van a vencer causas el día 8, el día 10... El sistema informático Minerva obliga a los funcionarios a establecer los plazos, no lo hace de forma automática. Hubiera sido más fácil que cuando incoas el procedimiento establezca una alarma del vencimiento", explica, al tiempo que subraya que la implantación de la nueva ley implica "mucho trabajo", no solamente de fiscales y letrados de la administración de justicia -antiguos secretarios-, también de los funcionarios y de los jueces de instrucción. "No nos debemos olvidar de que al final el determinar si procede una prórroga o declarar compleja una causa es una resolución judicial", arguye.

La "buena sintonía" que asegura que tiene su juzgado con los fiscales asignados "facilita mucho" el trabajo. No obstante, señala que el sistema informático impide que los representantes del Ministerio público tengan acceso directo a las causas. "Supone un problema porque tenemos que estar llevando las causas a Fiscalía para que informen sobre si proceden las prórrogas cuando aún no se ha terminado la instrucción, lo cual coincide a veces con gente que tenemos citada para esa fecha y los jueces necesitamos tener las causas", indica la titular del Juzgado de Instrucción número 1.

La magistrada considera "breve" el plazo de seis meses para cerrar las instrucciones, a pesar de que las causas complejas no están incluidas. "En las sencillas no se cuenta con que la gente es citada y no viene, con que nos cuesta mucho localizar a las personas porque a lo mejor el domicilio que facilita la policía es el que consta en el DNI y no es donde vive esa persona", destaca la juez, quien advierte de que las causas "no tienen que ser complejas por que sí". De hecho, recuerda que hay casos "muy sencillos" que exigen pruebas periciales, como, por ejemplo, las falsedades documentales. "No es un caso de corrupción, pero hay que realizar una pericial caligráfica y hay muy poco personal para llevar a cabo tantas pericias, con lo cual se te va a retrasar muchísimo la causa por razón de esa prueba concreta. Eso es sencillo, ya sin contar las pericias de un ordenador por un tema de pornografía infantil, que tardan mucho más. Y estos son casos del día a día, no son complejos", manifiesta la juez.

A las dificultades con las que se encuentran los instructores se suma la llegada de la época estival, donde unos magistrados sustituyen a otros, es decir, se hacen cargo de dos juzgados. "Tus causas sabes cómo van, sabes las que son más peliagudas y tienes que estar más pendiente. En el periodo vacacional vas a llevar el juzgado de otro compañero y ahí no sabes nada de las causas y van a seguir venciendo los plazos", señala la titular de Instrucción 1, quien afirma que los fiscales tienen el mismo problema.

"Tampoco sabemos cuáles son las consecuencias reales si te pasas los plazos porque la ley lo deja muy abierto. Realmente eso va a ser determinado jurisdiccionalmente, será determinado por los órganos superiores a nosotros", indica.