La Fiscalía solicita penas de prisión, por un supuesto delito de coacciones y otro contra los derechos de los trabajadores, para los nueve miembros del comité de huelga del paro convocado en la empresa Albada -que gestiona la planta de tratamiento de residuos de Nostián- en 2013.
Coincidiendo con la comunicación a los sindicalistas de la decisión de apertura de juicio oral, representantes sindicales de CC.OO, UGT y CIG se han desplazado a las puertas del juzgado para expresar su solidaridad con las personas que integraban el comité de huelga.
Según han expuesto, la empresa y Fiscalía acusan a los miembros del comité de huelga de dar "instrucciones" al conjunto del personal "para impedir el acceso a la planta durante las 24 horas del día" para realizar su trabajo, además de obstaculizar la entrada a las instalaciones de vehículos particulares y de la empresa.
Para el secretario comarcal de la CIG en A Coruña, Xabier Filgueira, la empresa busca con su demanda "criminalizar la respuesta sindical" por una huelga que duró 108 días y cuyo origen estuvo en el despido de 19 trabajadores "y en contra de la aplicación salvaje de la reforma laboral", ha dicho.
FIANZA DE 400.000 EUROS
Por otra parte, ha precisado que la Fiscalía asume las tesis de la empresa en su demanda y pide, para las personas que conformaban el comité de huelga, penas de entre uno y dos años de prisión.
Además, se solicita el depósito de una fianza conjunta de 400.000 euros. En caso de no reunir esta cantidad de dinero, desde la CIG, han precisado que se procederá "al embargo inmediato de sus bienes".
Por su parte, el secretario xeral de la Federación de Construcción e Servizos de CC.OO de Galicia, Sergio López Rivera, ha manifestado que se imputan delitos a "miembros del comité de huelga que estaban en servicios mínimos". Por ello, ha considerado la demanda de la empresa una "estrategia más de presión para meter miedo a los trabajadores".
