El conflicto urbanístico en el Agra de San Amaro es complejo. Su origen está en la compra de suelo por el Gobierno de Francisco Vázquez en 1993 para la construcción del paseo marítimo a cambio de edificabilidad para sus propietarios tras la correspondiente recalificación del terreno en el plan general. El aprovechamiento urbanístico se rebajó en 1998 y el proyecto de compensación no se aprobó hasta 2008, cuando los titulares inscribieron fincas para construir una urbanización residencial a unos 500 metros de la Torre de Hércules.

Las licencias de construcción nunca se otorgaron a las promotoras y la candidatura de la Torre como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, declarada como tal en 2009, enfrió el proyecto. Había por tanto que indemnizar a propietarios y promotores y el plan general de 2013, con el PP en María Pita, reconoció el derecho a construir en la zona de Adormideras, rechazado por los interesados. El Gobierno de Marea aseguró este año que no habrá construcciones nuevas en la zona y rechazó indemnizar a propietarios que demanden edificabilidad.