El Gobierno municipal de la Marea votará a favor de una enmienda presentada por el Foro Galego da Inmigración a la ordenanza de la renta social municipal en la que se solicita que las personas sin papeles puedan ser beneficiarias de esta ayuda. Este colectivo había sido excluido en el texto aprobado inicialmente, que había sido llevado a pleno por el Gobierno local.
El motivo de esta excepción, indican desde el Concello, residía en que los servicios jurídicos municipales habían desaconsejado incluir a las personas en esta situación legal mientras no se estudiase de forma más detallada el decreto de la Xunta que permite a los Ayuntamientos otorgar prestaciones equiparables a la Renta de Integración Social de Galicia (Risga). Después de recibir los informes de la Intervención y la Secretaría municipal, el Gobierno entiende que "sí hay fondo legal" para incluir esta alegación en la ordenanza definitiva que, con todo, deberá ser aprobada por el pleno, que se prevé convocar para la segunda semana de agosto. Hasta el momento, solo BNG y Marea han expresado su intención de votar favorablemente.
Los nacionalistas, de hecho, presentarán mañana sus alegaciones a la ordenanza, así como las propuestas recogidas durante los últimos días en diferentes barrios de la ciudad. Entre otros puntos, reclaman que se excluya de los requisitos para acceder a la prestación la obligación de que los ciudadanos extracomunitarios tengan que acreditar, en el momento de la solicitud, su residencia legal en España, siempre que tengan una residencia real y efectiva en A Coruña y que estén empadronadas en el municipio con una antigüedad mínima de seis meses.
De acuerdo con la ordenanza actualmente aprobada, para recibir la renta social, los solicitantes no podrán ingresar más de 532,51 euros mensuales, lo que equivale al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), a los que se le incrementaría un 20% por cada miembro que componga la unidad familiar solicitante, hasta un máximo de 1.064 euros. A estas cantidades se le descontarán los ingresos por pensiones no contributivas u otras prestaciones que se reciban. El dinero entregado se corresponde exactamente con estos mismos criterios. Los beneficiarios no podrán tener acceso a la Risga.
El proyecto prevé que la prestación se otorgue por seis meses, prorrogables hasta un máximo de 18. Al tratarse de prestación y no de subvención, los beneficiarios no tendrán que justificar los gastos -como ocurre con el paro-, si bien sí deberán participar en itinerarios de inserción para salir de su situación de exclusión. También deberán cumplir otros requisitos como no practicar la mendicidad ni permitir que lo haga ningún familiar o estar inscrito en los servicios públicos de colocación como demandante activo de empleo.
El objetivo del Ejecutivo con esta renta social es "complementar" a la Risga, en los casos en que se deniegue a vecinos en situación de exclusión, y convivir con las ayudas de emergencia social del Concello, que se mantendrán para casos menos extremos.
