Ya están sobre la mesa los cambios que se podrían introducir a la renta social municipal. PP, PSOE, BNG, la CIG o el Foro Galego da Inmigración, trasladaron dentro de plazo sus propuestas de alegaciones, que serán votadas por el pleno en agosto. Sin tocar lo sustancial de la ayuda, estas son las modificaciones que desde uno y otro lado se proponen introducir en la letra pequeña de la prestación:
EPP. El Partido Popular propone en sus alegaciones introducir cinco cambios principales en la renta social. En primer lugar, reclaman que los beneficiarios de la ayuda tengan que justificar en qué se gasta el dinero recibido, no como en la actualidad, que no existiría ningún control tan sistemático más que el que puedan realizar los técnicos municipales. Los populares sostienen que la ayuda está sujeta a la Ley de Subvenciones de Galicia y que por tanto es necesaria una justificación. Desde el Gobierno local habían interpretado que, con el decreto emitido por la Xunta en abril, la renta social adquiría la categoría de prestación y, con ella, podría no justificarse, como ocurre con la prestación por desempleo, evitando también una sobrecarga administrativa del Concello.
Además de este punto, los conservadores piden que la edad mínima para acceder a la renta sea de 25 años y no de 18, como se contempla ahora. ¿El motivo? Evitar, dicen, que se convierta en una "renta de emancipación". También proponen aumentar el tiempo de empadronamiento necesario para solicitar la ayuda, pasando de los seis meses actuales a 12. El PP teme que, de lo contrario, se produzca un "efecto llamada" de vecinos de municipios colindantes solo para acceder a la prestación.
Por último, también piden establecer un procedimiento rápido para conceder la ayuda de urgencia a las víctimas de la violencia de género y crear una comisión mixta formada por técnicos de Xustiza Social, Emprego e Igualdade para dirimir la posible prórroga de la ayuda una vez haya acabado el periodo máximo inicial de seis meses.
EPSOE. Los socialistas piden introducir cuatro cambios. El primero, que el transporte se introduzca como una de las necesidades básicas que se debe cubrir con el acceso a esta renta. El segundo, que se permita acceder a la prestación a todos los vecinos que, sin estar en situación administrativa regular, puedan acreditar su residencia efectiva en la ciudad. Otros de los puntos novedosos que plantea el PSOE es que los trabajadores asalariados que, por incumplimiento de sus empresas, no cobren puedan acceder a la prestación. Por último, solicitan crear una comisión de asociaciones que trabajen en el campo de la inclusión social, que siga la evolución de la prestación y pueda proponer mejoras en su gestión.
EBNG. El BNG es quien más enmiendas propone de los cuatro partidos de María Pita. Los nacionalistas piden que las familias que no tengan escolarizados a sus hijos antes de los 6 años puedan acceder a la ayuda, que también lo puedan hacer los inmigrantes sin papeles, que se concrete el contenido de los itinerarios de inserción o que el periodo para beneficiarse de la ayuda sea de un año, prorrogable a un total de 24 meses. Actualmente es de seis meses, prorrogable a un máximo de 18. El Bloque también reclama que por "empleo adecuado" se empleen los términos usados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para hablar de "trabajo decente", o que se suprima la obligación de que los beneficiarios sin hogar deban acceder a una vivienda en un plazo de cuatro meses. "Ese debe considerarse un objetivo a marcar en el itinerario de inclusión", indican.
EForo Galego da Inmigración. Su propuesta, que tanto el Gobierno local como el PSOE y el BNG ya anunciaron que apoyarán, propone que se permita acceder a la prestación a los inmigrantes sin papeles que vivan de forma efectiva en la ciudad. En el documento aprobado en forma inicial quedarían excluidos ya que se obliga a los beneficiarios a contar con residencia "legal" en el municipio.
ECIG. El sindicato nacionalista se comprometió a presentar alegaciones proponiendo que tanto la referencia para conceder las ayudas como la cuantía del subsidio asciendan a 655,20 euros -el salario mínimo interprofesional (SMI)- y no a los 532,21 euros actuales.
