El interventor general del Ayuntamiento valida el protocolo para desbloquear las obras con una salvedad: la Administración municipal debe prever más gasto porque el acuerdo conlleva un "aplazamiento de las cuotas de urbanización", es decir, de los pagos que deben hacer los propietarios para financiar los trabajos. Y eso implica asumir más intereses. La urbanización del ofimático, con un coste de 42 millones de euros, la ejecuta el Ayuntamiento, que cobra a los propietarios, entre los que la Xunta y los promotores privados son mayoría. A 31 de diciembre pasado, el déficit entre pagos y cobros era de 6,8 millones de euros. Según el interventor, el protocolo "agravará" esa situación porque las cuotas pendientes no se cobrarán hasta adjudicarse la nueva urbanización, aunque está previsto que la Xunta inyecte 4,2 millones este mismo año.