El pleno de este viernes dará luz verde definitiva a la renta social municipal con el apoyo de todos los grupos municipales, excepto el PP que se abstuvo durante la votación de la comisión informativa de Xustiza Social celebrada esta mañana. La intención del Gobierno local es ponerla en marcha cuanto antes después de haber sido aprobada de forma inicial en el pleno del pasado 13 de junio. La novedad que se llevará al próximo pleno es la posibilidad de incluir entre los beneficiarios a personas migrantes en situación irregular, una iniciativa impulsada por el Foro Galego de Inmigración. Otra de las novedades es la creación de un Consello Sectorial de Inclusión Social, en el que participarían entidades sociales para impulsar la participación de la ciudadanía.
La responsable de este departamento, Silvia Cameán, destaca la voluntad política del acuerdo en la lucha contra la pobreza y subraya la necesidad de que sean las administraciones y los servicios sociales públicos los que deben encargar de esta "lucha". En este sentido, la edil critica el intento del PP de bloquear la medida tras solicitar el modelo de subvención que obliga a justificar los gastos. El proyecto ofrece una prestación económica periódica a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y no perciben otras ayudas como la Risga (Renda de Inclusión Social de Galicia) para hacer frente a necesidades básicas como la alimentación o la vivienda. También contempla itinerarios de inclusión para las personas beneficiarias.
El Gobierno local reserva para este proyecto 2,1 millones de euros del presupuesto de este año y, según las estimaciones, podrá ayudar a cerca de mil familias. La prestación económica tendrá un máximo de 18 de meses y siempre estará vinculada a establecer itinerarios de inclusión activa entre los beneficiarios y su unidad de convivencia. La cuantía máxima de la ayuda será el 100% del IPREM -indicador estatal de referencia para la prestación de ayudas sociales- para unidades de convivencia de un único miembro e irá aumentando en 20 puntos porcentuales por persona adicional hasta un máximo de 200% del IPREM. Entre los requisitos que se precisan para acceder a la renta social municipal figuran estar empadronado en la ciudad, ser mayor de 18 años, estar en situación de vulnerabilidad social y colaborar en itinerarios de inclusión social.
Críticas del PP
El Partido Popular piensa que, tal y como está configurada la norma, se producirá un efecto llamada. Han pedido un informe al secretario sobre la legalidad de la renta. Después de que todas sus alegaciones fuesen rechazadas advierten de "graves riesgos que de seguir adelante como está no tendrán vuelta atrás". El concejal popular,Miguel Lorenzo recalcó que, han señalado en la Comisión que "podría haber un problema de ilegalidad de la ordenanza, por lo que hemos solicitado un informe del Secretario, y hemos expresado nuestra preocupación por la falta de control que habrá sobre el gasto y cómo van a utilizar estas personas la renta social, al igual que se hace con el control en la emergencia social". En esa línea, apuntó, que la falta de concreción de muchos puntos, y las interpretaciones que están haciendo de la norma, deja abierta la concesión de las ayudas sin control posterior del gasto y de las personas que la percibirán.
