La demanda de viviendas de protección oficial (VPO) en A Coruña se sitúa en 2.288 solicitudes después de experimentar una caída del 45% desde septiembre de 2012, cuando se recibieron 4.141 peticiones. Las cifras de este año demuestran que solamente un 0,93% de la población coruñesa demanda viviendas de precio tasado a la Xunta, cifra inferior a la ciudad gallega con más demanda, Vigo, donde el porcentaje es del 1,38%.

El principal cambio respecto al año 2012 se produce en las cifras de ventas frente a la de alquileres, ya que las solicitudes de compras sufrieron una bajada del 80% en este periodo y se sitúan en las 354 peticiones, mientras que las solicitudes de alquileres aumentaron un 50% en cuatro años, al estar inscritos 1.483 interesados. Según la vicepresidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, Patricia Vérez, esto se ha producido por la situación económica de los últimos años ya que "la gente no tiene recursos", y además "es difícil acceder a las ayudas existentes", al exigir unas características económicas "complicadas de alcanzar".

Para tener acceso a una vivienda de protección oficial es necesario que el interesado esté inscrito en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda Protexida, que no sea dueño de otra vivienda ni el solicitante ni cualquier miembro de su unidad familiar, que resida y trabaje en Galicia, y que tenga unos ingresos anuales de la familia situados entre 0,7 y 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que este año está fijado en 532,51 euros al mes.

Según el secretario general de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña, Juan José Yáñez, el número de inscritos para comprar VPO es muy inferior a las "14.000 viviendas protegidas dispuestas para A Coruña en el Plan General de 2013", en vigor, ya que, los inmuebles sobrantes que no son habitados, "no pueden ser vendidos por ley" y podrían producir una situación "insostenible". Yáñez asegura que la existencia de vivienda de protección sin ningún tipo de subvención al haber desaparecido en los últimos años, "no tiene lógica" ya que "no resultan nada atractivas" ante la "bajada del precio de la vivienda libre a máximos de 2007", lo que ha equiparado su precio frente a las VPO.

Otro elemento clave en la rebaja de las viviendas protegidas está en relación con la amplia reducción de los precios de las de segunda mano que, durante la crisis, han situado su valor cercano al de los pisos de protección oficial. Para Veréz, esto es vital ya que "hay muy poca diferencia" de precios y las VPO no ajustan su valor respecto a las privadas al "depender de la Xunta, que es la institución que las regula".