El Concello no rechaza que los autobuses comarcales entren en la ciudad, como pretende la Xunta, pero sí pone peros al planteamiento de la Consellería de Infraestruturas, comenzando por los datos en los que se sustenta o en decisiones que, afirman, no se pueden ejecutar sin su colaboración o directamente invaden competencias municipales. En las alegaciones presentadas, el Ayuntamiento coruñés advierte que ni siquiera se ha respetado el derecho a participar que le otorga la ley.

Entre sus razonamientos, el Ayuntamiento coruñés indica que el plan autonómico es incompatible en algún punto con el carril bici urbano y comarcal que pretenden impulsar y que no es un proyecto global y a largo plazo con medidas adicionales como la instalación del carril bus. En cuanto al análisis en el que se basa Infraestruturas para asegurar que la entrada de autocares no incrementará los problemas de tráfico, echan en faltan simulaciones sobre la afección en la plaza de Ourense, excluida de estos ensayos a pesar de ser el principal foco de congestión de la circulación hoy en día tras la apertura del túnel.

Demanda que se acuerden las obras que la Xunta, opinan, pretende imponer y especifiquen quién las va a pagar. Las alegaciones critican que no haya ni una sola mención a la intermodal, a donde se trasladaría la terminal de buses en menos de tres años y que variaría los trayectos. Exigen una comisión de seguimiento y que la implantación sea mucho más escalonada que las dos fases que, sin fecha, define el Gobierno gallego. Cuestiona que no se incorpore un estudio de conectividad y accesibilidad entre las líneas urbanas e interurbanas y con otros medios de transporte.

La Xunta defiende su plan de llevar buses al centro frente al "interés comercial" de Tranvías y las alegaciones del Concello que, critica, llegaron por mail y un día después de finalizar el plazo. Reitera que la entrada al casco urbano del transporte metropolitano no supondrá una "alteración significativa" del tráfico y que la experiencia de Santiago demuestra la viabilidad de su propuesta. El proyecto ha recibido alegaciones también de la Compañía de Tranvías, los taxistas, la Asociación de Amas de Casa y Usuarios y varios concellos de la comarca, que ven positiva la medida pero piden que no se implante sin coordinar con la ciudad.

E "Nula de pleno derecho". El Concello señala que la Xunta vulnera el procedimiento legalmente establecido. Remite a la ley autonómica de 1996 que regula los servicios de transportes por carreteras de Galicia. El artículo 18 se refiere a la "mejora de la penetración urbana". Según estipula la norma, el director xeral tiene que requerir al Concello implicado tres soluciones alternativas. Si no hay respuesta del Concello, debe ser la Xunta la que ponga encima de la mesa al menos tres posibilidades y "el Concello podrá optar por cualquiera" de ellas. "En este Concello no consta que desde la Dirección Xeral de Mobilidade se llevase a cabo el referido requerimiento", indica en la alegación el Ayuntamiento, que ve así que el plan que resulte estará "viciado de nulidad de pleno derecho". Piden por tanto "retrotraer las actuaciones" y que se solicite al Concello esta propuesta con las tres soluciones alternativas.

E Influencia sobre el tráfico urbano. El Concello cuestiona la conclusión autonómica de que la implantación no va a tener consecuencias negativas para el tráfico urbano. Cree que, en "un estudio en el que se detectaron tantas carencias", no queda justificada tal afirmación. Según explica el Concello, solicitaron a la Xunta y la consultora simulaciones realizadas sobre los tres puntos de acceso propuestos por la consellería: plaza de Pontevedra, Cuatro Caminos y Entrejardines. El ámbito seleccionado para Entrejardines, advierten, obvia la intersección de la plaza de Ourense. "Tras la apertura del túnel de María Pita-Parrote, es el punto más sensible con mayor obligación de gestión de tráfico de toda la ciudad por parte del Concello", destacan las alegaciones. Llega a soportar una intensidad media de tráfico por encima de cualquier otro punto de A Coruña. Comentan que se necesita un estudio pormenorizado, al convertirse en una parada capital dentro del plan de la Xunta.

E Obras para instalar paradas. Las alegaciones resaltan que la Xunta, de manera unilateral, prevé la realización de una serie de obras para instalar paradas "que no son menores" y que modifican "tanto el espacio urbano como el viario". Se necesitarían en la segunda fase del plan. Incluyen, por ejemplo, una ampliación de 34 metros lineales de la parada de la cuesta de A Palloza, eliminando seis plazas de aparcamiento, la mitad de las de la acera. Hay un vado que quedaría eliminado, "además de comprometer el desarrollo de la conexión del carril bici metropolitano con el universitario". El proyecto de la Xunta prevé por otro lado la ampliación hasta 47 metros lineales de la parada de la plaza de Ourense en dirección entrada a la ciudad. Con una longitud actual de 35 metros, "inutilizaría o desplazaría" el principal acceso a los muelles urbanos, "de lo que se desprende que la propuesta no está consensuada con la Autoridad Portuaria". Este punto de atraque de los autobuses tampoco está recogido en la simulación, subrayan. El Concello solicita, dado que las paradas son de su competencia y no de la Xunta, que aporten estudios y diseños previos de las actuaciones, afecciones sobre el tráfico, presupuestos para su implantación y que se aclare, puesto que no figura, quién tiene que asumir presupuestariamente la implantación de las paradas.

E Datos y conectividad. Para el Concello, el proyecto adolece de un plan de conectividad y otro que analice los principales puntos de demanda de movilidad en función del origen del viajero y las horas de uso (polígonos, universidad). Añade que el informe basa la elección de los trayectos en los buses que penetran en el centro a las nueve de la mañana. Advierte además que no se han incluido en el plan los datos de transbordos entre los buses comarcales y urbanos, a pesar de que se los han facilitado. El Concello argumenta, para justificar la importancia de esta carencia, que la principal línea de bus a la que se suben los pasajeros de la comarca a través de transbordos es la línea 14, que no recorre ninguna de las paradas del centro elegidas por la Xunta (plaza de Pontevedra, jardines y Cuatro Caminos). Reprochan además que los datos manejados son de 2014, algo importante porque tanto en 2015 como en 2016 "se están produciendo variaciones importantes tanto en lo referido al tráfico de vehículos como al incremento de usuarios del transporte urbano".

E Ámbito geográfico. En sus alegaciones, los responsables municipales manifiestan su "desconcierto" por la introducción en el plan de la penetración de líneas con recorridos de origen muy lejos de la comarca, "rompiendo con los criterios previamente establecidos por el estudio, que remite a aquellas líneas con 35 kilómetros de distancia y a aquellas con un mayor número de usuarios". Llegarían al centro, por ejemplo, autobuses procedentes de Lalín, Ourense, O Carballiño, Sobrado, Melide o Fisterra.

E Fases y seguimiento. Solicitan una implantación paulatina, en "subfases", de las líneas que se incorporan al centro durante la Fase 1, comenzando por aquellas que cumplan los condicionantes establecidos por el propio plan e, insisten, incorporando datos de "conectividad, accesibilidad y demanda futura", en lugar de "incorporar todas las líneas propuestas casi de un día para otro tal y como es la pretensión de la Xunta". Reclaman la creación de una comisión de seguimiento de la implantación de la primera fase, para poder "validar y valorar" los resultados obtenidos y analizar la "idoneidad" de continuar con la implantación.

E La estación intermodal. Para el Ayuntamiento, el informe "carece de referencia alguna de la estación intermodal" de San Cristóbal que, según la Dirección Xeral de Mobilidade, sustituiría a la actual terminal en 2019. Ponen el acento en que el estudio no tiene en cuenta la entrada en funcionamiento de "un elemento llamado a ser clave en la movilidad metropolitana". Esto provocaría, a su entender, que dentro de dos años se tuviese que proceder a una "nueva reestructuración" de los itinerarios de los servicios comarcales en un corto plazo de tiempo, con lo que supondría para los usuarios, concesionarios y administraciones implicadas".