El número de empleados público en el municipio coruñés aumentó en 300 en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2015, según los datos de la Encuesta de Población Activa de esa fecha, la última que detalla esos datos a nivel local. La cifra de 20.000 personas que trabajaban en la Administración a comienzos de año supone el primer aumento desde 2012, en el que se había producido un incremento de 400 empleados y se alcanzaron los 25.000.

Desde entonces, el número de trabajadores del sector público ha ido cayendo en picado hasta quedarse en los 20.000 contabilizados al inicio de 2016, aunque los sindicatos desconfían del impacto real del incremento que reflejan los datos oficiales y apuntan a fenómenos como las sustituciones y las contrataciones temporales como la explicación de estos números.

"Las cifras están maquilladas", considera Eduardo Freire Bargados, secretario comarcal de CIG-Administración Pública, quien asegura que el personal de la Xunta en la provincia coruñesa se redujo en más de 300 personas este año "porque no se cubrieron las jubilaciones". Freire alerta de que ha habido muchas bajas de personal por este motivo que dejan "huecos muy difíciles de cubrir" para los que se recurre a listas de sustituciones, lo que deriva en la precarización del empleo.

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"La caída de empleo público en los últimos años ha sido brutal", comenta José Francisco Méndez, secretario general de CSI-CSIF en Galicia, quien detalla que este año se ha incrementado la contratación para la contratación de incendios pero no en la sanidad pública de la que dice que sigue "en mínimos y en Educación a los interinos". Méndez destaca también que a los docentes interinos cada año se les sigue mandando al paro en verano cuando finaliza el curso.

El responsable de CSI-CSIF en la comunidad gallega advierte de que el Sergas puede pasarse años sin hacer convocatorias de empleo y tener todas las plazas cubiertas "porque se hace con sustitutos, con contratos de lunes a viernes, de fines de semana e incluso solo para guardias". Para Méndez, la oferta de empleo público "es otra cosa porque tener un porcentaje de eventuales muy alto no es una forma óptima de gestionar". En su opinión, el porcentaje de trabajadores temporales no debía superar el 8% en la Administración, cuando en la actualidad llega al 30%.

"Desde hace tiempo no se cubren vacantes ni las bajas temporales al cien por cien, por lo que hay un déficit muy importante de empleo público", asegura Eduardo Freire Pousa, coordinador del Sector Público de Comisiones Obreras en A Coruña, para quien los procesos de consolidación de plazas puestos en marcha no son importantes y además no crean nuevos empleos. Freire cita Correos, la Xunta y algún ayuntamiento como administraciones que llevan a cabo este tipo de procesos, aunque advierte que son "ejemplos minoritarios" en comparación con la contratación temporal existente en la Administración, que califica de alta.

La CIG destaca por su parte que la Xunta hizo hincapié en la convocatoria de oposiciones que puso en marcha recientemente, pero Freire Bargados estima que los números "son muy pequeños en comparación con la caída del censo". En cuanto a la administración estatal, tacha de "desastre" la situación en Correos "porque están en condiciones muy malas y con un empleo muy precario", mientras que en los ministerios se producen muchas disparidades.

Este sindicato realizó un estudio sobre la repercusión de las privatizaciones en el sector público cuyo resultado es "abrumador", según su responsable comarcal, para quien el Catastro está "parcelado" porque se adjudicaron muchos servicios a empresas privadas. Otro caso singular es el del Consorcio Galego do Benestar, del que el PP dijo que era un chiringuito y lo integró en la Axencia Galega de Servizos Sociais y a cuyos trabajadores "a cinco minutos de las elecciones les dijeron que van a ser personal laboral, aunque es solo un bluff", en opinión de Freire Bargados.

"Estamos muy lejos no de recuperar el empleo, sino incluso de llegar a las tasas de temporalidad de 2007, que era el 7%", afirma el secretario general de CSI-CSIF en Galicia para desmentir un supuesto aumento de trabajadores públicos. Para Méndez, "estamos llegando a lo que pasaba en el Sergas a finales de los noventa, en los que había un 30% de personal interino", fenómeno sobre el que se muestra muy crítico: "Aquí no estamos hablando de la vendimia, sino de servicios públicos que funcionan todo el año".

En el mismo sentido se pronuncia Eduardo Freire Pousa, ya que considera que hay mucho empleo temporal por consolidar. "Se habla de que un tercio del empleo público es temporal, una tasa muy elevada y que se justifica poco, porque se supone que se trata de una actividad de carácter permanente", afirma el dirigente de Comisiones Obreras.