Fue el pasado 23 de junio cuando el Ministerio de Defensa adjudicó a la empresa Archeoatlántica la realización de catas en las tres parcelas que posee en A Maestranza, pero no ha sido hasta esta semana que los arqueólogos han podido empezar a trabajar en los terrenos. El objetivo de esta iniciativa es comprobar si en el subsuelo existen los vestigios de las antiguas murallas de la ciudad que figuran en el informe de potencialidad arqueológica publicado por el propio ministerio con motivo de la subasta de las parcelas.

Defensa hizo públicos esos datos para advertir a los posibles interesados en la adquisición de los terrenos del riesgo al que se enfrentaban, ya que podrían impedir construir allí. Ese factor, junto con el elevado precio de salida, 24,9 millones de euros, hicieron que la subasta quedase desierta el pasado 27 de abril. El ministerio tuvo la oportunidad de poner directamente a la venta las parcelas por un precio de veinte millones, pero optó antes por comprobar si realmente hay restos de las fortificaciones coruñesas en este lugar, para lo que contrató a especialistas en la materia.

Todo hace pensar que los arqueólogos hallarán esos vestigios, puesto que cuando en 2002 se construyó el aparcamiento subterráneo de A Maestranza aparecieron restos de murallas de los siglos XVII y XVIII, aunque los técnicos optaron porque se conservaran bajo tierra debido a que una parte era simplemente parte de la cimentación, mientras que otros pertenecían a un tramo de muro que nunca llegó a levantarse.

Tras los acuerdos de 1984 entre el Ayuntamiento y Defensa sobre las propiedades militares en la ciudad, los terrenos de A Maestranza permanecieron sin uso. La falta de estacionamiento en la Ciudad Vieja propició un pacto con el ministerio para utilizar esas parcelas como aparcamiento provisional, pero a finales del año pasado se anunció la intención de recuperar los terrenos para sacarlos a subasta, ya que el plan general permite levantar en ellos hasta 300 viviendas.

La decisión suscitó un movimiento de rechazo que cristalizó en la formación de la Comisión Aberta en Defensa do Común, integrada por colectivos sociales y políticos y que reclama que esas parcelas sean traspasadas de forma gratuita al Concello. El pleno municipal se pronunció en abril a favor de esa iniciativa y la comisión de Defensa del Congreso exigió a Defensa que se negocie con el Ayuntamiento.