El fin del ciclo electoral que culminó con las elecciones autonómicas del 25-S ha abierto una etapa de catarsis para las relaciones entre el Gobierno de la Marea Atlántica y un PSOE que, en lo que va de mandato, han chocado más de lo que estaba en los planes. Con palabras ambiguas como "repensar la relación" o adentrarse en un "periodo de reflexión", los socialistas han resucitado, sin invocarlo, el fantasma de un posible Gobierno de coalición con Marea que les diese entrada en los despachos donde se toman las decisiones en María Pita.

La fórmula por la que finalmente se optará para mejorar la gobernabilidad del Concello todavía está en el aire. Hoy por la tarde, el alcalde, Xulio Ferreiro, y el portavoz del PSOE, José Manuel Dapena, celebrarán una nueva reunión para perfilar ese nuevo marco de relaciones. El regidor ya ha dejado claro que la idea de armar un Ejecutivo bipartito a mitad de mandato no es de su agrado. Su oferta se limita a crear una comisión de seguimiento de los acuerdos con el PSOE, a través de la que se visibilizarían sus propuestas, pero sin darles ninguna cuota de poder. Pero en caso de que Dapena ponga la coalición como condición para entenderse, desde el Gobierno ya tienen trazadas las líneas rojas para un pacto de tal envergadura.

La primera tiene que ver con que los socialistas ayuden a dar luz verde a una modificación del presupuesto de 2016 que todavía está pendiente. La segunda, con la aprobación de los presupuestos de 2017 para que puedan entrar en vigor el mes de enero. El Gobierno de la Marea no quiere repetir la experiencia de este año, en el que las cuentas no se aprobaron hasta el mes de mayo. Reeditar una tediosa negociación podría tener consecuencias políticas para los de Ferreiro. Por una parte, impediría, tal y como habían prometido, poner en marcha en el segundo año de mandato algunos proyectos de calado, como la reorganización del mapa de rutas de bus urbano. Por otra, un retraso en el arranque de estas iniciativas, que prevén cambiar algunas rutinas instaladas desde hace años en la ciudad, reduciría el margen de tiempo para asentar los cambios en el día a día de los vecinos, algo que acostumbra tener consecuencias en forma de castigo electoral.

La tercera condición del Gobierno para una hipotética coalición con el PSOE tiene que ver con un acuerdo para unas nuevas ordenanzas fiscales. En concreto, el equipo del alcalde es partidario de eliminar la tasa por licencia de apertura en los traspasos y reducir el tipo impositivo en los locales de menos de 150 metros cuadrados. En lo que se refiere a la tasa la basura, el Ejecutivo pretenden consensuar con los socialistas un sistema de beneficios fiscales para las rentas más bajas, similar al que se aplicó a la tasa del agua este año. Del mismo modo, también pedirán una revisión de las tarifas para abaratar a los vecinos el uso de los espacios de los centros cívicos y la aplicación de nuevos descuentos en los museos.

Según fuentes municipales, estas serán algunas de las reclamaciones que Ferreiro trasladará hoy al portavoz socialista. El acuerdo entre ambas partes está todavía sin madurar pero en caso de que se cierre en los despachos deberá pasar la prueba de algodón de la militancia de base. Al menos en el caso de la Marea. De acuerdo con los textos de la organización, cualquier pacto de gobierno debe ser respaldado por la asamblea general, la llamada Rede. La decisión de ésta, a su vez, deberá ser refrendada a través de una consulta ciudadana abierta al censo de la Marea, el mismo que se usó para participar en las primarias de las que salió la lista que presentaron a las municipales de 2015.