La decisión de la Consellería de Política Social de exigir al Concello que introduzca en su Servizo de Axuda no Fogar (SAF) el nivel de copago que figura en la legislación autonómica suscitó ayer el rechazo rotundo de la concejal de Xustiza Social, quien negó la posibilidad de que se cumpla ese requerimiento. "No vamos a ser cómplices de esta medida", manifestó Silvia Cameán, quien además aseguró que el servicio se seguirá prestando a los usuarios incluso si la Xunta retira las ayudas que ahora concede, que alcanzan casi 2,5 millones de euros, para lo que se recurriría a los recursos municipales.
Política Social, departamento anteriormente denominado Traballo e Benestar Social, advirtió al Concello de que en su memoria sobre la prestación del SAF en el año 2015 apreció que no se estaba aplicando todo el copago que deberían aportar los beneficiarios, por lo que le solicitó explicaciones. En caso de que la justificación no sea adecuada, la consellería exigirá al Gobierno local que le devuelva la cantidad que le entregó para subvencionar ese servicio, lo que Cameán interpretó ayer como una "amenaza". La consellería eludió ayer a preguntas de este periódico comentar la notificación enviada al Concello coruñés, así como la respuesta proporcionada a la misma por el Gobierno local.
La titular de Xustiza Social alertó de las "brutales consecuencias" que tendría para los usuarios del SAF el incremento del copago y destacó que para algunas personas subiría hasta en un 60%. De los 1.200 usuarios del servicio, hay 84 que no abonan nada en la modalidad de dependencia y otros 172 en la básica debido a los reducidos ingresos económicos de que disponen, mientras que el resto realizan aportaciones en función de su renta.
Con la modificación de la normativa autonómica realizada por el PP en 2012 se introducen nuevos criterios para calcular el copago, como el patrimonio del que disponen los solicitantes y los ingresos de su familia, pero el Concello coruñés se niega a tenerlos en cuenta al considerar que no reflejan directamente la situación económica del usuario. La propiedad de una finca rústica que no genere ingresos e incluso de una vivienda, así como la convivencia con otra persona que reciba una pensión mínima supone, de acuerdo con el decreto de 2012, la obligación de hacer frente a un mayor copago por los servicios sociales.
Subidas
Según explicó Silvia Cameán, personas que cobran rentas mensuales de 400 euros, que ahora están exentas del copago, tendrían que abonarlo, de acuerdo con las simulaciones efectuadas por los técnicos municipales, mientras que las que en la actualidad realizan alguna aportación sufrirían subidas de "entre el 30% y el 60%", a lo que añadió que la mayoría de los actuales beneficiarios se verían afectados por la decisión de la Consellería de Política Social.
También aclaró la edil que la diferencia entre lo que aportan los usuarios del Servizo de Axuda no Fogar y lo establecido por la legislación gallega es abonado directamente por el Concello, por lo que consideró que esta política forma parte de la "autonomía local".
"Si el Concello decide abonar lo que tienen que pagar sus usuarias, no entendemos que la Xunta tenga nada que decir", advirtió Cameán, quien anunció que Marea Atlántica presentará en el próximo pleno municipal una moción en la que se instará a la Xunta a retirar los recortes aplicados por el Partido Popular en la Ley de Dependencia en los últimos años.
La responsable de Xustiza Social negó además validez a la advertencia de la Xunta de que le reclamará la devolución de las ayudas concedidas para el SAF en 2015 si no aplica el copago y detalló que los servicios jurídicos municipales ya están trabajando sobre ese asunto con el fin de dar una respuesta a la consellería.
Para Cameán, la exigencia del Gobierno autonómico de que se incremente el copago a los perceptores de servicios como el SAF "no es de recibo" al considerar que se trata de ayudas a las que calificó de "derecho social".
