El antiguo comité de empresa de la fábrica de armas entregó ayer por primera vez un escrito dirigido al delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, en el que recoge algunos de los incumplimientos que denuncian en la factoría coruñesa desde la adjudicación a la empresa Hércules de Armamento hace dos años.
Los extrabajadores, que casi todos los viernes -también ayer- se concentran ante la Delegación del Gobierno en la plaza de Ourense para reclamar una reunión con Villanueva, piden en el texto al delegado que contraste las denuncias que le presentan con la información con la que él cuenta sobre la gestión de la fábrica, ya que enumeran irregularidades relacionadas con el objeto de la concesión, el pago del canon de la misma, la inexistencia de creación y mantenimiento de empleo, la falta de producción armamentística y la ausencia de un plan de negocio. La antigua plantilla avisa de que en próximos escritos explicará "otros incumplimientos y posibles ilegalidades cometidas en el proceso de adjudicación de la instalación".
Los exempleados, vinculados al sindicato UGT, solicitan al delegado del Gobierno que aclare si existieron "motivos políticos" en la adjudicación de la fábrica de armas a Hércules de Armamento hace dos años, ya que reiteran que la empresa no tiene experiencia ni capacidad industrial y, denuncian, se creó con "posibles irregularidades de carácter fiscal".
El anterior comité de empresa ha llevado también sus protestas por la concesión a Hércules y su actual gestión de la planta de Pedralonga a la Fiscalía, la Valedora do Pobo, Defensa y la Agencia Tributaria. El próximo martes 2 de noviembre la dirección de Hércules está citada a un encuentro con representantes del Ministerio en el marco de la comisión de seguimiento creada para comprobar el cumplimiento del contrato de adjudicación. Los extrabajadores afirman que esperan al desarrollo de esta reunión para definir los nuevos pasos que tomarán en su campaña de denuncia de la concesión y la actividad del gestor.
Hércules de Armamento ha cumplido esta semana dos años al frente de la fábrica de armas, cuya adjudicación ganó en concurso público convocado por el Ministerio de Defensa. La compañía debe nóminas a los trabajadores -algunos han acudido a los tribunales- y tiene deudas con la Seguridad Social y proveedores. Uno de ellos es la empresa de seguridad privada que trabajaba en el lugar, cuyo cese de actividad en noviembre del año pasado motivó que Defensa le prohibiese producir armamento y limitase su trabajo al sector civil.
Las perspectivas de la planta bajo la dirección de Hércules no son nada esperanzadoras en vista del escaso volumen de negocio de 28.000 euros en 2015, según el Registro Mercantil, en contrastre con los 520.000 euros de pérdidas. Defensa asegura que el gestor no ha abonado aún el canon anual que debía haber pagado este mes y ninguno de los socios inversores que sus responsables anunciaron en este tiempo ha hecho acto de presencia.
