Y ante esta realidad de moles de cemento al descubierto se impone la clásica pregunta: ¿qué hacer? En Irlanda, otro de los países europeos afectado por la sobreedificación en la pasada década, el Gobierno cogió el toro por los cuernos y emprendió una campaña de demoliciones de edificios a medio construir por todo el país. "Si la obra no es viable y, llegado el momento, se convierte en un peligro, la demolición podría ser una opción", señala el presidente de la delegación del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Roberto Costas.

A su juicio, la mejor salida para este tipo de promociones debe ser la compraventa, si bien considera que la leve recuperación del mercado inmobiliario en los últimos años no será suficiente para deshacerse de todo este stock de esqueletos de hormigón. Aunque estas estructuras no están pensadas para estar a la intemperie, Costas cree que "no hay peligros" de seguridad mayor, teniendo en cuenta que fueron levantadas recientemente. "Puede afectar algo el mar y la lluvia, pero es corregible", indica.

El Gobierno municipal asegura estar trabajando para decidir qué hacer con estos inmuebles y cómo solucionar los problemas que generan a edificios colindantes, especialmente este 2017 en el que tienen previsto reforzar en los presupuestos municipales las inversiones en política de Vivienda. El anterior Ejecutivo del PP había sido pesimista en torno a las posibilidades de la Administración local a este respecto. El entonces concejal de Urbanismo, Martín Fernández Prado, consideró no poder hacer nada contra los promotores de estas edificaciones al no contar con respaldo legal para intervenir en una propiedad privada. El edil había hecho mención a dos casos de propietarios de fincas a los que se había intentado convencer para que acabasen sus obras o las derrumbasen, algo a lo que se negaron.

"Una ley de expropiación de edificios de este tipo podría ser socialmente muy útil", señala el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidade da Coruña (UDC), Fernando Agrasar. "Aunque tal y como están las cosas me parece poco probable", ironiza. A su juicio, la mejor salida para este tipo de inmuebles sería finalizar la construcción manteniendo o cambiando su uso inicial. El último recurso, dice, debe ser la demolición. "Mucha gente piensa en demoler las cosas a la ligera pero eso es una intervención mucho más costosa económicamente de lo que parece", señala el arquitecto. Agrasar también llama la atención sobre el coste ecológico a la hora de tratar los escombros. "Es un problema de difícil solución por culpa de una legislación tan garantista con la propiedad privada", remarca.

La propia Sareb, conocida como banco malo, preveía en su plan de negocio de hace cuatro años que a partir de 2016 comenzarían las demoliciones de viviendas inacabadas. Sin embargo, "por ahora no está en los planes", según indican desde la entidad financiera.

La nueva Ley do Solo aprobada por la Xunta a inicios de año introduce ciertos cambios a la hora de combatir estas situaciones. En concreto, concede más poderes a los ayuntamientos para enfrentar este tipo de proyectos inacabados. En el pasado, las administraciones municipales tenían la capacidad de imponer sanciones en caso de que no se acabara la construcción de fachadas o cubiertas, pero la potestad se convierte ahora en obligación, con la entrada en vigor de esta nueva legislación. Los gobiernos locales deberán perseguir estas prácticas, tanto en grandes bloques como en viviendas unifamiliares, y castigar a los promotores, con multas desde 1.000 a 10.000 euros, que pueden acumularse hasta un máximo de 25.000 euros.