La operación Pokemon acabará finalmente en la Audiencia Nacional. El intento de pararlo de la defensa del edil Julio Flores y otros investigados en la causa por las relaciones de Vendex con varias Administraciones no ha dado los frutos que esperaban. La Audiencia Provincial de Lugo da la razón a la magistrada instructora Pilar de Lara y confirma la competencia de los juzgados centrales para analizar el proceso, que suma más de un centenar de personas señaladas, entre políticos, funcionarios, altos cargos, empleados y empresarios.

La Audiencia Nacional no tiene competencia para asumir todo tipo de causas, solo aquellas con unas características excepcionales (tipos delictivos concretos, que impliquen organizaciones delictivas, varias provincias). Así, la magistrada de Instrucción número 1 de Lugo entendió que debería continuarse en Madrid el grueso de la instrucción, que investiga una red de pagos a cambio de contratos, enchufes y financiación irregular de partidos que habría generado unos beneficios ilícitos, según De Lara, de hasta 300 millones de euros. Para la magistrada, puede "considerarse a la empresa Vendex como una verdadera asociación ilícita", cuyas actividades provocan "grave repercusión en la economía nacional".

A dicha petición de inhibición, realizada en octubre del pasado año, se opusieron los abogados del ex concejal Julio Flores, cuestión a la que se adhirieron otros investigados. Flores volvía a pedir que se abriese una pieza separada para los asuntos coruñeses y se juzgase en una sala de la ciudad. La Audiencia Provincial de Lugo desestima el recurso, confirmando el auto de la magistrada de Primera Instancia, y considera competente a la Audiencia Nacional para continuar la instrucción de la Pokemon donde ha quedado. En su auto, notificado el lunes, señala además que "razones de economía procesal, eficacia e imperativos jurídicos que posibilitan la aplicación de la continuidad delictiva obligan a asignar la competencia a un único órgano jurisdiccional, sin ruptura de la continencia de la causa".

Así llegará a reparto a la Audiencia Nacional y uno de sus juzgados centrales asumirá la instrucción. Cabe una posibilidad, que la propia Audiencia no se considere competente para ello. Presentado tal conflicto de competencias, sería un tribunal de rango superior (Tribunal Supremo) el que dirimiría quién se encarga de la Pokemon.