La Marea Atlántica volvió ayer a vivir en carne propia la realidad de un pleno en el que PP y PSOE tienen mayoría absoluta para imponer su agenda política por encima de la del Gobierno local. La sesión extraordinaria en la que estaba previsto aprobar los cambios en las ordenanzas fiscales quedó prácticamente en agua de borrajas, hasta el punto de que el propio alcalde, Xulio Ferreiro, decidió retirar del orden del día el punto de debate sobre los nuevos impuestos y tasas para 2017. El objetivo: evitar que los populares se sumasen a un voto particular del PSOE que buscaba bajar el tipo general del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 0,6% al 0,57% e incluir bonificaciones a empresas portuarias, enmendando la reforma del tributo que el pasado año los socialistas pactaron con el Gobierno.
Ferreiro puso en cuestión la justicia de este cambio en el IBI ya que supondría, según sus cálculos, un ahorro anual de 0,60 euros a los valores catastrales más bajos y de hasta 1.000 euros a los más altos. "Las rebajas deben ser justas, el que más tiene debe ser el que más aporte, y las rebajas se le deben aplicar a quien menos posee", arguyó. El Ejecutivo defiende que la bajada propuesta dejaría a las arcas municipales con cinco millones menos para inversiones y servicios.
Los reproches del Gobierno local al PSOE tienen que ver con el "qué" pero también con el "cuándo" y el "cómo". Los socialistas no presentaron esta propuesta hasta el jueves, tras semanas en las que públicamente se negaron a negociar nada relacionado con los impuestos mientras no se abordase su entrada en el Gobierno. Ferreiro no renunció ayer a estudiar una reforma del IBI para hacerlo más "progresivo" pero pidió plantearlo con tiempo para poder contar con informes jurídicos. "Las circunstancias actuales nos llevan a poner encima de la mesa nuestro programa electoral y la línea argumental que el PSOE venía manteniendo desde 2011 a 2015", alegó el portavoz socialista, José Manuel Dapena, al acabar el pleno para razonar su postura.
El socialista, que reconoció en una entrevista con este diario que uno de los problemas del PSOE durante el mandato había sido dejar "cancha libre a Marea y no marcar territorio", optó ayer por arrinconar al Ejecutivo con este voto particular del IBI y con otro con el que se anuló, al ser apoyado por el PP, el cambio en la ordenanza de depuración de aguas residuales que preveía introducir el Gobierno local. Con ella, se proponía aplicar una subida de la cuota fija de 0,50 euros para consumidores particulares y empresas. Para las empresas, se proponía una subida en la cuota variable por depuración de 0,28 euros 0,35 euros por metro cúbico de agua. También se planteaba aplicar a esta tasa las mismas bonificaciones que el pasado año se acordaron para las rentas más bajas.
Esta modificación no era genuinamente idea del Ejecutivo de Marea Atlántica, sino que había sido aprobada en el consejo de administración de la estación depuradora (EDAR) de Bens con el voto a favor de los municipios de la comarca y de las concejales conservadoras y socialistas allí presentes -Luisa Cid y Begoña Freire por el PP, y Mar Barcón por el PSOE-. Los motivos esgrimidos por ambos partidos para justificar su cambio de postura fueron distintos. Los populares alegaron que habían dado su apoyo a aquel cambio previendo que se aprobase una bajada del IBI. "Una doble subida de impuestos no la vamos a permitir", aseguró la portavoz del PP, Rosa Gallego. El PSOE, por su parte, votó en contra al entender que no había información suficiente sobre el destino de los 1,6 millones de euros extra que se recaudarán. La edil del BNG, Avia Veira, mostró su intención de votar a favor para "no dejar tirada a la comarca" y en coherencia con el voto de otros ediles nacionalistas en esos municipios.
El Concello se enfrenta ahora a la paradoja de anular unos cambios en la tasa de la depuración de aguas residuales que sí se habían aprobado en la EDAR y a los que el resto de municipios que integran el ente -Cambre, Culleredo, Oleiros y Arteixo- ya han dado luz verde en sus respectivos plenos. "No había ninguna razón material para que no se aprobase esta tasa. Es una decisión que pone en peligro la viabilidad de la propia empresa pública y también la calidad de la depuración. La EDAR necesita una serie de inversiones que ahora quedan en el aire", remarcó el alcalde, que no aclaró qué salida se buscará para que no paguen los ayuntamientos de la comarca la depuración del agua de A Coruña.
El PP llegó a tender la mano al Gobierno local comprometiéndose a aprobar los cambios en esta tasa si, a cambio, el alcalde convoca un pleno para el próximo lunes en el que se rebaje el tipo del IBI al 0,54%. Ferreiro descartó esta vía, lo que imposibilita prácticamente que este impuesto pueda modificarse en 2017. El PSOE amenazó con forzar la convocatoria de un pleno extraordinario centrado en este asunto pero, con los plazos actuales, es casi imposible que el cambio en el IBI se apruebe a tiempo para que este entre en vigor el 1 de enero, como marca la ley. De acuerdo con el Reglamento Orgánico Municipal, el PSOE debería contar con el apoyo de, al menos, un cuarto de la cámara para forzar un pleno. A partir de ahí, el alcalde, tendría 15 días para convocar la sesión. Si no lo hace, esta se convocaría 10 días después de que acabe este plazo inicial de 15 días, un tedioso proceso que imposibilitaría la entrada en vigor de una rebaja del IBI el próximo año.
Ferreiro no descartó someter a votación sus cambios en las ordenanzas fiscales en los próximos plenos. "Habrá que traerlas de forma individual, troceadas, para que nadie ponga excusas para bloquear asuntos importantes", aseguró el alcalde, que puede modificar después del 1 de enero todas aquellas ordenanzas fiscales que no afecten al IBI, al Impuesto de Actividades Económicas, y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.
A pesar de esta falta de entendimiento, el PSOE coruñés navega contra los manuales de política y abraza la tesis del cuanto peor, mejor. Es decir, cuanto peor es la relación con el Gobierno, mejores motivos hay para forjar un bipartito. "Hoy se ha evidenciado que la mejor forma de mejorar la gobernabilidad de la ciudad pasa por la entrada del PSOE en un gobierno de coalición", esgrimió Dapena, que considera que el Gobierno hizo el "ridículo" al retirar del orden del día las ordenanzas.
La hoja de ruta de los socialistas sigue un camino diametralmente opuesto al del Gobierno, que no quiere saber nada de una coalición mientras la "confianza" entre ambas formaciones no mejore. "Si alguien quiere compartir un proyecto este no debería basarse en el chantaje y en intentar tirar la puerta abajo para entrar", remarcó Ferreiro.
Con el cambio de impuestos paralizado, el Gobierno tiene por delante el reto de alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto de 2017, un desafío que este año se presenta todavía más cuesta arriba que el anterior.
