Cuando están a punto de cumplirse 27 años de su inauguración, el Palacio de la Ópera -nacido en 1989 como Palacio de Congresos- es objeto de una negociación entre su concesionario y el Concello con el fin de que su gestión pase a manos municipales. Es solo un capítulo más de la atribulada vida de este recinto, en el que la polémica estuvo presente desde el primer momento, incluso antes de que se proyectara construir un equipamiento de este tipo, puesto que los terrenos sobre los que se asienta también fueron objeto de polémica.
La antigua cantera de Santa Margarita era anhelada como zona verde por el movimiento vecinal, pero el plan general de 1985 consagró su destino a fines residenciales. El terreno era propiedad de los empresarios Manuel Soto y Ángel Jove a través de la empresa Cohesa, con quienes el entonces alcalde, Francisco Vázquez, pactó una permuta por otras parcelas en el paseo de los Puentes, además de 35 millones de pesetas (210.000 euros) y 7.000 metros cuadrados de edificabilidad que se aplicarían en Linares Rivas.
El proyecto municipal para la cantera había surgido en la anterior Corporación, la construcción de un palacio de congresos, pero no había llegado a materializarse. Ya conseguidos los terrenos, Vázquez se propuso ponerlo en marcha, para lo que de nuevo alcanzó un acuerdo con otro empresario, en este caso José Collazo Mato, propietario del grupo Comar, dedicado al sector del juego a través de las máquinas tragaperras y que pretendía abrir un casino en la ciudad.
La legislación autorizaba a los ayuntamientos a adquirir el 51% de las acciones de los casinos que se instalasen en su territorio, pero Collazo y Vázquez acordaron en 1987 que el Concello autorizase el Casino Atlántico en los jardines de Méndez Núñez y que renunciase a esta compra a cambio de que Comar aportase 350 millones de pesetas (2,1 millones de euros) para construir un palacio de congresos en Santa Margarita, del que además sería su gestor como concesionario a través de la empresa Sociedad para el Fomento y Desarrollo Turístico.
Las obras del palacio de congresos fueron adjudicadas por 1.789 millones de pesetas (10,7 millones de euros) a la empresa Ginés y Navarro, la misma que años después construiría el paseo marítimo de Riazor-Orzán. El 14 de octubre de 1988 comenzaron las obras con la previsión de terminarlas a finales del año siguiente, pero el 8 de marzo de 1989 los trabajos fueron paralizados parcialmente por la Audiencia Provincial tras la denuncia presentada por la Federación de Asociaciones de Vecinos, presidida por Marcelino Liste, que alertaba de que el volumen del nuevo edificio superaba lo establecido por el plan general.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia levantó la suspensión el 29 de julio y la volvió a aplicar a finales de octubre, mientras la ciudad se dividía entre partidarios y detractores del proyecto por su peculiar diseño, de estilo neoclásico. Las obras continuaron en la parte no afectada por la resolución judicial. El 2 de diciembre se celebró la inauguración del edificio y al día siguiente dio comienzo en el mismo el Congreso Nacional de Economía.
Pero la polémica judicial prosiguió, ya que en diciembre de 1990 el Supremo anuló la sentencia del Superior de Galicia que impedía aumentar el volumen del palacio, así como instalar locales comerciales en su interior, lo que permitía la conclusión del edificio. Pero al mes siguiente la federación vecinal, apoyada por organizaciones política y sindicales, presentó un recurso contra la aprobación de la licencia municipal del proyecto, que desestimada por el Superior de Galicia solo unos días después, lo que el Supremo ratificó dos años después.
No acabó ahí el conflicto, ya que el alcalde, visiblemente contrariado por el retraso a la conclusión del palacio por las denuncias presentadas, reclamó ante los tribunales una indemnización a quienes las habían promovido. La iniciativa, con un fin intimidatorio contra quienes intentasen paralizar proyectos municipales, fue rechazada por la Justicia.
Tras la apertura en 2005 de un nuevo palacio de congresos en el puerto, el edificio de Santa Margarita se reservó en exclusiva a los espectáculos y pasó a denominarse Palacio de la Ópera. Ambas instalaciones quedaron en manos del grupo Comar, que en aquella época veía factible hacerlas rentables.
Pero la crisis económica truncó aquellas expectativas y Comar, también afectado por la competencia que supone el juego en internet a sus negocios, busca ahora deshacerse de la gestión del Palacio de la Ópera, que lastra sus resultados. El Gobierno local tomó hace siete meses la iniciativa de proponer a Comar el rescate de la concesión, pero advirtió esta semana de que no lo hará "a cualquier precio".
