La Sociedad Estatal de Instituciones Penitenciarias (SIEP) y el Ayuntamiento de A Coruña han alcanzado un acuerdo para que la recuperación de la antigua cárcel de la Torre para uso ciudadano sea una realidad antes de que se resuelvan los tres recursos judicialesacuerdorecuperación de la antigua cárcel de la Torre aún abiertos entre ambas administraciones. Firmarán una cesión gratuita y temporal y la prisión pasará a manos municipales durante dos años, un periodo prorrogable anualmente si así lo acuerdan las partes. Invertirán en las obras "esenciales" para ponerlo en marcha, aportando un máximo de 150.000 euros por administración. A la SIEP se le descontarán de esta cantidad las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles. La previsión del Gobierno local es que el inmueble "acabe siendo, de una o de otra manera, de propiedad municipal".
Según el borrador del convenio, el Concello queda obligado a destinar el inmueble y las edificaciones en él integradas "a los fines concretos que han sido autorizados por la SIEP", que consisten en "usos sociocomunitarios" y realización de "actividades culturales". Cualquier ampliación o modificación de las actividades debe ser autorizada de forma expresa por la sociedad estatal, dependiente de los ministerios de Interior y de Hacienda.
El plazo de vigencia es de dos años, a contar desde la fecha de la firma del convenio. La cesión podrá ser objeto de prórrogas por periodos de un año. Si así lo desea, la Administración municipal deberá solicitar anualmente la prórroga por escrito, con una antelación de al menos un mes de la fecha de vencimiento y la SIEP "podrá o no" autorizarla.
Antes de comenzar las actividades, el Concello tendrá que realizar las obras de "conservación, mantenimiento y remodelación, parcial o toral" que resulten necesarias. Las reformas que se hagan tiene también que tener plácet de la sociedad antes de iniciarlas. El acuerdo opta por que, dado que el convenio es de carácter temporal, las instalaciones o equipamientos que se introduzcan en el antiguo penal, tengan carácter "removible" de manera que "la SIEP pueda proceder a su retirada en caso de considerarlo necesario". El Ayuntamiento se haría cargo de cualquier daño que se pudiese producir en el inmueble y no podrá arrendar, traspasar ni ceder ninguno de los espacios del complejo.
El ente estatal se compromete, en virtud del acuerdo, a contribuir económicamente en la financiación de las obras que se hagan en la cárcel de la Torre, "con un 50% del coste total de aquellas y con una contribución máxima de 150.000 euros". Esta cantidad se verá minorada por los importes pagados por la SIEP en concepto de IBI. Si una de las partes desiste del convenio, la otra puede reclamarle la inversión que haya realizado en el inmueble y que no considere amortizada. La amortización, según calculan las administraciones, se produciría en siete años.
TRES BATALLAS JUDICIALES
El convenio entre la Sociedad Estatal de Instituciones Penitenciarias y el Concello coruñés permite revivir las instalaciones a la espera de lo que los tribunales resuelvan sobre la propiedad de las mismas. Los pleitos provienen de los intentos del Gobierno anterior de dejar en papel mojado el acuerdo que firmó el exalcalde Francisco Vázquez con en Ejecutivo central el 2005. En virtud de este convenio, la cárcel sería de propiedad municipal a cambio de unos terrenos próximos en los que el Ministerio de Interior levantó el centro de reinserción y un pago de 1,2 millones para satisfacer la diferencia de la permuta.
Esta cantidad nunca se llegó a abonar. El Ejecutivo de Carlos Negreira, al entender que el Concello tenía derecho a que la parcela fuese municipal gratuitamente, intentó revertir el acuerdo con dos dictámenes. Ambas fueron recurridas por Instituciones Penitenciarias. De este camino judicial, quedan tres resoluciones judiciales pendientes.
La principal es la del Supremo puesto que los otros dos procesos abiertos se dirimirán en función de lo que decida el Alto Tribunal. El Concello recurrió a esta última instancia después de que la Audiencia Nacional le diese la razón al Gobierno central, al igual que todos los fallos emitidos hasta el momento.
LA FIRMA, A PRINCIPIOS DE AÑO
El edil de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, prevé que el Concello pueda hacerse con las instalaciones a principios de año, una vez que se rubrique el protocolo. En ese momento se podrán iniciar las obras de conservación "esenciales", como las dirigidas a garantizar la estanqueidad del inmueble evitando filtraciones, "con la previsión de que el inmueble acabe siendo, de una u otra manera, de titularidad municipal". Varela saludó ayer el acuerdo "que permite comenzar a actuar sobre este bien histórico, con el objetivo de poder ponerlo a disposición de toda la ciudadanía". Agradeció la labor de Proxecto Cárcere y la "buena disposición" de la SIEP.
