El presunto cabecilla de la operación Zeta, Gerardo Crespo, negó el martes en su primera declaración ante la juez instructora tener una caja B en sus empresas, tal y como sostiene la Policía Judicial en sus informes. "¿Cómo iba a haber dinero en B si trabajábamos fundamentalmente para la administración y grandes empresas? Coloquialmente, le llamábamos KGB a la caja para gastos menores como taxis, que se pagaban en metálico y se justificaban con tiques", explicó el empresario durante el interrogatorio. Crespo insistió: "A la caja la llamaba KGB, no caja B". El imputado recalcó que sus empresas estaban homologadas para impartir formación y que la ejecución de los cursos fue certificada por las administraciones de las que cobró ayudas.

El sospechoso, que está investigado dentro de la trama que presuntamente defraudó subvenciones millonarias destinadas a cursos de formación para parados y discapacitados, contó en sede judicial que en 2011 facturó a la Xunta casi dos millones de euros y, al conjunto de sus clientes, tres millones. En 2012, según informó a la magistrada, su patrimonio estaba valorado en cuatro millones de euros y, en la actualidad, es "negativo". En los próximos días presentará un informe pericial en el juzgado que detalla la contabilidad de sus empresas. El documento especifica que entre 2008 y 2014 las compañías que dirigía tuvieron unos gastos de alrededor de 15 millones, entre los que figuran las nóminas de sus trabajadores. Las entidades implicadas en la Zeta, según el sumario, recibieron entre 2008 y 2012 ayudas millonarias, principalmente de la Xunta y el Estado. Solo del Gobierno gallego se embolsaron alrededor de 15 millones. La policía concluyó en sus informes que las compañías formaban parte "de un chiringuito para captar subvenciones" y que algunas carecían de actividad e, incluso, de socios. En el caso hay 55 investigados55 investigados, entre ellos empresarios, dirigentes de asociaciones, sindicalistas y ex altos cargos de la Xunta del PSOE-BNG y del PP.

Crespo también explicó el martes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 las relaciones que mantenía con políticos. El empresario relató que se afilió a Alianza Popular cuando tenía 18 años y que el PP lo expulsó del partido a raíz de la investigación por el presunto fraude. "Donde gobernaba el PP les daba reparos contratarme, así que cuando gobernó el bipartito fue cuando más trabajé para la Xunta", señaló, al tiempo que subrayó que sus "problemas" comenzaron "a partir de 2009, cuando el PP vuelve a la Xunta y al Ayuntamiento de A Coruña".

"Al PP le resultó fácil apartarme para dar una apariencia de firmeza contra alguien que, en el fondo, no les compromete", declaró. El presunto cabecilla de la organización apuntó que "al menos Carlos Negreira y la conselleira Beatriz Mato" sabían "que tenía los teléfonos pinchados". Así, justificó que la Xunta le revocase los planes de empleo que tenía concedidos en febrero de 2012, cuando la investigación, iniciada a finales de 2011, era secreta. "Es evidente, no hay otra explicación a una revocación hecha mal, con prisas, sin trámite de audiencia, fue raro, raro", aseveró. La operación Zeta operación Zetase hizo pública en junio de 2012, con los registros a las empresas de Crespo. El presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), Eliseo Calviño, declarará hoy como investigado ante la juez.