El presidente de la Confederación de Empresarios y Autónomos de España (Caype), Eliseo Calviño, declaró alegó ayer ante la juez instructora de la operación Zeta que su cargo solo era "institucional". El investigado por presuntamente defraudar subvenciones para cursos de formación apuntó a una de las dos empleadas que lo denunciaron como "la máxima responsable" de que se ejecutasen los cursos con las subvenciones que la entidad recibía de la Xunta y el Estado.

El sospechoso aseveró que la formación se impartió porque las administraciones solo le revocaron dos programas durante los años que trabajó para ellas. La anulación de los dos cursos, según Calviño, fue por asuntos que "nada tienen que ver" con los delitos por lo que lo investigan dentro de la operación Zeta. "De los 4,7 millones recibidos en seis años, solo hubo dos expedientes de reintegro, por cantidades de unos 200.000 y 100.000, en los ejercicios 2007 y 2009", especificó su abogado.

"Si los cursos no se hubiesen realizado, estaríamos diciendo que la administración está compuesta por una panda de paletos", indicó tras testificar durante más de hora y media ante la instructora. El presidente de Caype subrayó que la ejecución de los programas fue verificada por las administraciones, al igual que hizo el día anterior Crespo durante su declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6. "Antes de darnos el dinero eran controlados por el Gobierno central y la Xunta de Galicia y, si tenían un fallo, al año siguiente no te daban nada", aseveró. El sospechoso denunció que la operación Zeta surgió a raíz de una "trampa que le pusieron a Gerardo Crespo para hundirlo".

El origen de la investigación por el presunto fraude de ayudas públicas para cursos de formación fue una denuncia presentada a finales de 2011 por dos de sus empleadas. A una de ellas es a la que responsabiliza Calviño de la ejecución de los programas. "No entiendo por qué denunció porque ella era la máxima responsable de hacer los cursos", manifestó. Las dos empleadas de Caype declararon en 2015 ante la juez que trabajadores del presunto cabecilla de la trama, Gerardo Crespo, llevaban "sobres" a Calviño. Ninguna pudo asegurar con certeza que contuviesen dinero negro, tal y como concluye la Policía Judicial en el sumario sobre el caso, en el que hay 55 investigados. Los agentes especializados en delitos económicos sostienen en sus informes que las entidades que recibían ayudas, entre ellas Caype, subcontrataban a Azetanet, la consultoría de Crespo, para que impartiese los cursos.

A cambio, siempre según la Policía Judicial, Crespo les devolvía en negro parte del dinero de las subvenciones, ya que en algunos casos los programas no se realizaban y, en otros, se hacían con muchos menos medios de los que deberían porque los implicados en la trama se repartían el dinero. Una de las denunciantes, además, acusó directamente a Crespo de proponer comprar listas de autónomos para simular que Caype contaba con socios y, de esta forma, poder optar a subvenciones. Las empleadas mantuvieron en su declaración ante la magistrada que Calviño siempre subcontrataba a la consultoría de Crespo para organizar los cursos.

Las trabajadoras, quienes testificaron que el dirigente de Caype no les pagaba sus salarios, ya habían relatado en sede policial que su jefe era una "persona muy faltona", que "hablaba a gritos" y que era "machista". De hecho, a las mujeres, según sus versiones, las llamaba "pollas o pollitas". El imputado, según los funcionarios que investigaron el caso, ingresaba un sueldo de 4.500 euros al mes -6.260 brutos-.