La farmacia de Adormideras, que generó una intensa polémica en 2001 por su construcción sobre suelo público en el parque del barrio, tendrá que abonar al Concello el canon que le adeuda desde el año 2002, ya que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificó la condena previa que le obliga a pagar 14.400 euros anuales por cada uno de los quince años transcurridos desde la apertura del establecimiento, que ahora podrá recurrir ante el Supremo. La botica trató de evitar el pago de esa cantidad alegando que había cometido un "claro error" al firmar el contrato de la concesión otorgada por el Concello, ya que considera que la cantidad adecuada son 917 euros al año, por lo que solicitó la anulación del contrato y que sea esa la cifra que se le reclame.

El Superior desestimó todos los argumentos utilizados por la defensa de la farmacia y confirmó la sentencia emitida el pasado 17 de marzo por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1, que rechazó el recurso presentado en 2014 contra la exigencia por el Concello del canon correspondiente al periodo 2002-2012. Una de las vías por las que intentó eludir el abono de la cantidad reclamada fue que en este proceso no se había agotado la vía administrativa, ya que cabía presentar un recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo, aunque el Superior le responde en la sentencia que el propio afectado quien optó por plantear un recurso de reposición en lugar de otro económico-administrativo.

Para justificar la existencia de un supuesto error al aceptar el contrato de la concesión, la farmacia argumentó que el canon que debía haberse establecido sería del 5% del valor del suelo en el que se construyó el local, aunque este argumento no figuraba en el recurso que se presentó inicialmente ante el Concello, sino en un escrito enviado en 2014 al juzgado, que no se pronunció en su sentencia sobre esta reclamación.

La cantidad que deba abonar la farmacia por cada uno de los años transcurridos sin pagar el canon será incluso mayor que la fijada en 2002, ya que el contrato recogía que debía actualizarse en cada ejercicio de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo.

Protestas vecinales

La ocupación de 140 metros cuadrados del parque de Adormideras para dedicarlo a la concesión pública de una farmacia suscitó en 2001 la protesta de los vecinos del barrio, que entendieron esta iniciativa del Gobierno local socialista como una privatización del suelo público. Los residentes efectuaron diferentes actos públicos para expresar su rechazo a esta decisión municipal, entre las que destacó la realizada durante la inauguración en el mes de julio de un mural del artista Gerardo Porto en el Club del Mar, a solo unos metros de la farmacia.

El alcalde, Francisco Vázquez, se encontró a su llegada al recinto con dos centenares de vecinos y tuvo que ser librado por sus escoltas del acoso al que se vio sometido, mientras que el acto quedó marcado por el griterío de la protesta.