El Juzgado de Primera Instancia número 2 de A Coruña subastará en los próximos días el edificio número 43 de la avenida de Oza, que albergó hasta hace cinco años el concesionario de Citroën del empresario Luis Rodríguez Carballido, por un valor de 4,2 millones de euros. El objetivo de la operación es hacer frente a la deuda de 868.000 euros que mantiene el propietario del inmueble, situado en el cruce con la ronda de Outeiro, al que el Concello pretende devolver la protección estructural que le fue retirada por el Gobierno local del Partido Popular.

La puja se realizará sin un precio mínimo, aunque en caso de que la oferta resulte baja el secretario judicial puede decidir no aprobar la venta del bien. Para participar en la subasta es necesario efectuar un depósito previo de 210.000 euros.

El inmueble fue construido en 1966 por la empresa Luis Rodríguez Amado, que había tenido en ese lugar una estación de servicio para el lavado y engrase de camiones, por lo que dio servicio a los que intervinieron en el relleno de San Diego, las obras de construcción de la refinería y el transporte de pescado a Madrid. En 1966 se abrió el edificio que fue sede de un concesionario de la firma Citroën y desarrolló su actividad de forma ininterrumpida hasta 2012, en que no pudo superar un concurso de acreedores para hacer frente a las deudas generadas por la crisis económica.

Los propietarios decidieron entonces venderlo e incluso solicitaron una licencia de demolición que no llegaron a ejecutar, por lo que caducó sin que los afectados llegasen a presentar alegaciones. Durante el mandato municipal del Partido Popular, el Gobierno local retiró al edificio la protección estructural de la que disponía en el plan general, lo que solo permitía al propietario realizar obras de restauración, conservación, consolidación y rehabilitación, mientras que estaba obligado a conservar las fachadas y la cubierta, así como los elementos estructurales.

El dueño del inmueble había alegado contra esta iniciativa del equipo redactor del plan, al considerar que la construcción, diseñada por Andrés Fernández Albalat, carecía de interés arquitectónico y que su catalogación se había realizado "sin la debida justificación, con errores y con una ficha vacía de contenido". La empresa exigió que al edificio no se le concediera ningún grado de protección y llegó a advertir con la exigencia de una indemnización por las limitaciones que su catalogación implicaría para el desarrollo de la actividad empresarial.

Cuando el PP decidió excluir al inmueble del catálogo municipal, lo argumentó sobre la base de que el propio Fernández Albalat avaló esta operación por las numerosas reformas efectuadas en el interior. La Dirección Xeral de Patrimonio respaldó al Gobierno local al entender que había sido "deteriorado por las sucesivas ampliaciones e intervenciones de refuerzo estructural".

El pasado 12 de diciembre el pleno aprobó -con el único voto en contra del PP- la suspensión cautelar de licencias en 18 edificios, entre ellos la antigua sede de Citroën en A Gaiteira, para su inclusión en el catálogo de inmuebles protegidos. La iniciativa cuenta con el respaldo de la entidad vecinal del barrio, que considera esta edificación como una de las más representativas de la zona por sus características.