El director, en 2007, de una oficina bancaria situada en el Cantón Pequeño y el responsable regional de la entidad para el norte de Galicia en el mismo año serán juzgados la próxima semana. La Fiscalía los acusa de cooperar con un empresario cliente del banco para engañar a otro usuario de la entidad, quien perdió en la operación más de 100 millones de euros. Cada uno de ellos se enfrenta a una petición de tres años de cárcel y al pago de una multa de 36.000 euros por cometer un delito de apropiación indebida. Además, el Ministerio público demanda que el banco, de forma subsidiaria, indemnice a la víctima con 63 millones.

Junto a los directivos de la entidad se sentará en el banquillo de los acusados el empresario, dueño de empresas dedicadas al sector de la construcción, al que la fiscal imputa el mismo delito. La acusación solicita que indemnice al afectado con 102 millones. El denunciante depositó en 2007 en la cuenta que tenía abierta en la oficina del banco situada en el Cantón Pequeño 80 millones procedentes de la venta de una empresa. El director de la oficina, como era habitual, lo atendió personalmente. Dos meses después, el responsable de la sucursal le aconsejó que buscase una inversión más allá de los intereses que le generaba el depósito del dinero, según considera probado la fiscal en su escrito de calificación, en el que relata que le sugirió que entrase en el negocio inmobiliario que desarrollaba y financiaba en la propia entidad otro cliente.

La Fiscalía sostiene que el director le aseguró que el constructor era un empresario "de gran prestigio" y con una "sólida trayectoria profesional, con gran éxito en el mercado inmobiliario". Esas afirmaciones, siempre según el informe del Ministerio público, eran falsas, pues el constructor atravesaba una complicada situación económica y financiera. En esa fecha adeudaba al banco alrededor de 80 millones, algo que ocultaron tanto el responsable de la céntrica oficina como el director de la entidad para el norte de Galicia. Los dos concertaron una reunión entre la víctima y el empresario. En el encuentro, acordaron que el denunciante le entregaría 63 millones para la compra de terrenos en Colmenar de la Oreja y Meco (Madrid).

"El acusado, contando con la cooperación de los empleados del banco, en lugar de destinar la cantidad percibida a la adquisición íntegra de los terrenos, acordó con la entidad bancaria la apertura de una línea de crédito por 80 millones", indica la fiscal. El empresario convenció al perjudicado seis meses después para que le entregase otros 39 millones para poder cerrar la compra de los terrenos.

El imputado solo destinó 32 millones de los 102 que le transfirió la víctima a la adquisición de los solares. "El banco, a costa de las cantidades procedentes del denunciante, saldó las deudas que tenía el empresario acusado con la entidad por un 10% de su importe total y percibió los intereses de otro préstamo concedido al acusado", subraya el Ministerio público, quien recalca que el denunciante no consiguió los terrenos ni la devolución de parte alguna del capital invertido, por lo que imputa a los dos directores y al constructor un delito de apropiación indebida.