El Juzgado de Primera Instancia número 2 de A Coruña decidió cancelar ayer la subasta de la cuarta parte del edificio número 43 de la avenida de Oza, la antigua sede del concesionario de Citroën de la empresa Luis Rodríguez Amado, que está valorada en 4,2 millones de euros. Dos de los propietarios del inmueble alegaron ante el juzgado que la demanda está dirigida tan solo contra ellos, cuando existe un tercer dueño que no figura en la iniciativa y que tiene derecho a estar informado de la operación.

Ante esta situación, el juzgado optó por cancelar la subasta e informar a la entidad que reclama el pago de una deuda de 868.000 euros, a la que se añaden unos intereses vencidos de 260.000 euros, con el fin de que tome una decisión sobre el futuro de la puja. El juzgado convocó la subasta ante la insolvencia del empresario Luis Rodríguez Carballido, por lo que autorizó la venta de la cuarta parte indivisa que posee en el edificio que albergó hasta 2012 el concesionario de Citroën del que fue propietario al frente de la firma Luis Rodríguez Amado.

La subasta se efectúa por una propiedad indivisa, de forma que no puede segregarse del resto del edificio, lo que hace más difícil que pueda haber empresas o inversores interesados en adquirirla. En la documentación de la subasta se menciona que el inmueble está ocupado en la actualidad y cita a la empresa Noroeste Custom, aunque esta ya abandonó el local comercial de la planta baja y ha sido sustituida por Método Construcción. Pese a la valoración de 4,2 millones que aparece en la convocatoria de la puja, en la misma no se había fijado un precio mínimo, pero estaba previsto que el secretario judicial pudiera desautorizar la adjudicación de la propiedad en caso de que la oferta presentada fuese demasiado baja.

El inmueble fue levantado en 1966 sobre el lugar donde existió anteriormente una estación de servicio para el lavado y engrase de camiones de Luis Rodríguez Amado. En la planta baja se abrió un concesionario de Citroën que cerró en 2012 por las deudas generadas por la crisis económica. Los propietarios apostaron en aquel momento por venderlo y llegaron a solicitar su demolición, aunque al no haberla llevado a cabo, la licencia que les concedió el Gobierno local del PP acabó por caducar.

En esa misma época el Concello suprimió la protección estructural que concedía el plan general al edificio, diseñado por Andrés Fernández Albalat, pero el pleno municipal aprobó el pasado diciembre incluirlo entre los 18 a los que no se concederán licencias para realizar obras en los próximos meses hasta que sean integrados en el catálogo de edificios protegidos.