El Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria y Puertos del Estado llegaron ayer al mismo acuerdo que alcanzaron el pasado 30 de marzo sobre la necesidad de compatibilizar el uso y la gestión pública de los terrenos que desafecte el Puerto con la generación de recursos con los que la entidad cancele parte de la deuda contraída por la construcción de la dársena exterior de Langosteira. Las tres partes sentaron unas "bases" sobre las que tratarán de conseguir esa combinación de intereses, pero no detallaron mediante qué fórmula.

La novedad respecto a la reunión de hace diez meses es que la subasta de los terrenos de La Solana y el hotel Finisterre que el consejo de administración del Puerto aprobó en diciembre, en contra del interés del Gobierno local de adquirir directamente la parcela del complejo polideportivo por 1,4 millones de euros, queda temporalmente aplazada. Aunque la subasta se iba a convocar este mes, el comprador no podría tomar posesión de las instalaciones hasta 2027, cuando finalice la concesión.

El encuentro a tres bandas de ayer no deparó las respuestas concluyentes que se esperaban, sobre todo después de que la Corporación mostrase su rechazo en el pleno a que La Solana y el Finisterre fuesen subastados al mejor postor y tras las movilizaciones ciudadanas en el último mes en contra de que se especule con esos terrenos. La puja se aplaza pero no se suspende y la oferta municipal de 1,4 millones por el complejo se "mantiene sobre la mesa" pero no es la única solución posible. Habrá más reuniones entre los órganos portuarios y el Concello, la próxima el 7 de febrero.

"Sentamos las bases de un acuerdo que garantice la titularidad pública y la gestión pública de toda la fachada marítima, es decir, de todos los terrenos a desafectar, y que garantice también las necesidades financieras de la Autoridad Portuaria por la financiación del puerto exterior", resumió el alcalde, Xulio Ferreiro.

Esa presentación de bases supone "un paso" que, según el regidor, conlleva bajar a un "plano técnico con documentos" y "posibilidades financieras" que permitan alcanzar el objetivo que satisfaga los intereses municipales y portuarios, no solo por La Solana y el Finisterre, también por los muelles de Batería, Calvo Sotelo y San Diego. En ese escenario cabría la "implicación de otras administraciones", avanzó Ferreiro sin más detalles. Si también mencionó en la reunión la operación por la que el Estado cedió de forma gratuita un millón de metros cuadrados al Ayuntamiento de Valencia, estudiada por el Gobierno de Marea, no trascendió ante la prensa.

El presidente de Puertos del Estado, José Llorca -también presente en la reunión del pasado 30 de marzo-, confirmó ese propósito conjunto poniendo el énfasis en la importancia que para el ciudadano representa el puerto exterior y aseguró que la puja por La Solana y el Finisterre queda de momento pospuesta.

"No se va a formalizar la subasta mientras sigamos hablando. Hoy [por ayer] generamos principios de acuerdo desde un marco general que nos permita gestionar desde la iniciativa pública todos los suelos que pasen a no ser de uso portuario. Trabajaremos en cuáles pueden ser las fórmulas jurídicas para buscar soluciones que nos permitan generar recursos para amortizar la deuda de este Puerto", resaltó Llorca, que descartó la recepción de subvenciones públicas directas destinadas a los puertos pero no fue tan tajante sobre la cesión gratuita de terrenos portuarios al Ayuntamiento.

Tras los desencuentros del último mes, el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, agradeció a Ferreiro "el talante" con el que acudió a la reunión y marcó las diferencias entre la institución pública y la portuaria. "No hay ningún interés del Puerto en ordenar la fachada marítima ni de gestionar sus elementos, esa iniciativa debe ser pública, de los ayuntamientos. Los puertos deben generar la actividad portuaria", dijo Losada tras calificar de "muy importante" la deuda de la entidad por las instalaciones de punta Langosteira.

Los actores de la cumbre institucional de ayer la calificaron de "fructífera" por haber perfilado las bases de ese "acuerdo global", pero los asuntos que ahora hay que resolver son los mismos que quedaron pendientes desde la reunión del 30 de marzo del año pasado: las ventas del hotel Finisterre y el complejo de La Solana y de los muelles urbanos: Calvo Sotelo, Batería, San Diego y petrolero.

Hace diez meses hablaron de negociar el futuro de estos terrenos en el marco de la comisión de seguimiento del convenio firmado en 2004 entre el Estado y el Ayuntamiento durante el mandato de Francisco Vázquez para la reordenación urbanística del suelo portuario, un órgano que nunca llegó a convocar el Gobierno de Xulio Ferreiro. Ayer nadie mencionó ninguna comisión.