Los trabajadores del edificio Proa tienen, en esta época, temperaturas caribeñas. El representante de UGT Xustiza, Sergio Riveiro, señala que los termómetros caseros que llevan los funcionarios a la sede judicial de Matogrande alcanzan los 27 grados debido a que el sistema de climatización está estropeado. El sindicato denuncia que la propietaria del inmueble de Matogrande, construido por Fadesa, Santander Banif Inmobiliario, impide el acceso al servicio de mantenimiento. "Los trabajadores están deseando irse, pero todavía no les han informado de nada", apunta el representante sindical. La Xunta admitió que carece de proyecto para reformar el edificio que actualmente ocupa la Audiencia Provincial, que se trasladará a la Fábrica de Tabacos. Las obras son necesarias para adaptar el inmueble de Os Mallos, que se quedará vacío, a las necesidades de los juzgados de lo Mercantil y de lo Contencioso-administrativo, que son los que están en Matogrande.
La Xunta firmó en abril de 2008, cuando estaba dirigida por PSOE y BNG, un contrato de alquiler de cuatro plantas del edificio Proa para ubicar seis juzgados, debido a la falta de espacio en las instalaciones de la calle Monforte. De acuerdo con ese contrato, el Gobierno gallego paga al mes 49.320 euros, lo que supone un desembolso anual para las arcas públicas de 591.840. Tanto sindicalistas como jueces y abogados coinciden en la necesidad de que el Gobierno gallego inicie el proyecto para reformar la Audiencia y desaloje el Proa "cuanto antes". Así, destacan el cuantioso alquiler que paga la Xunta, así como las malas condiciones del edificio y su pésima ubicación, pues está alejado del resto de sedes judiciales de la ciudad.
