El Concello aspira a cerrar un plan "global" sobre la fachada marítima antes de seis meses

"Igual hubiera sido mejor que la suspensión fuese indefinida pero si en seis meses no somos capaces de alcanzar un acuerdo, mal asunto", indicó ayer Ferreiro. El alcalde considera que ese acuerdo no se debe limitar solo a los terrenos de La Solana y el Finisterre, sino que tiene que incluir también los muelles del puerto interior -Calvo Sotelo, Batería y San Diego-, modificando su ordenación urbanística, lo que obligará a renegociar los convenios firmados en 2004 entre el Concello y el Ministerio de Fomento.

Aquellos acuerdos establecían que, para financiar parte de la obra del puerto exterior, la Autoridad Portuaria accedería a vender los muelles del puerto interior para la construcción de bloques de viviendas y edificios comerciales. Aquella hoja de ruta, diseñada en los tiempos de la burbuja del ladrillo, no es bien vista por el actual Gobierno municipal de la Marea Atlántica, que desde que tomó posesión del cargo hizo bandera de la necesidad de convertir estos espacios en zonas de uso ciudadano, lejos del lucro privado.

El dilema que divide a los defensores de recuperar estos terrenos para el Concello es cómo conseguir este objetivo. Desde la Comisión Aberta en Defensa do Común y el BNG se pide que la cesión sea totalmente gratuita, al entender que son terrenos de los vecinos por los que no se debe pagar nada al Puerto. Más escéptico con esta vía se muestra el Ejecutivo municipal. Si bien a priori respaldan una devolución gratuita, entienden que como administración deberán negociar con la Autoridad Portuaria y Puertos del Estado. "En la medida en que la ciudad nos apoye, nuestra capacidad de negociar será mayor", remarcó ayer el alcalde. El día anterior, el concejal de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, defendía también la vía de la negociación al entender que a través de las posturas "enrocadas" la única salida sería una "polarización" entre administraciones que podría acabar alejando al Concello del objetivo de recuperar estos terrenos para los ciudadanos y evitar una venta a manos privadas.

Esta subasta, ahora suspendida de forma temporal, había sido aprobada el 22 de diciembre en el Consejo del Puerto con el único voto en contra del representante del Concello. Con esta decisión, el convenio que la actual concesionaria, Inmobiliaria Río Mero, firmó en octubre con el presidente portuario para pujar por estos terrenos cuando se convocase una subasta queda sin validez, ya que el acuerdo caduca en abril de 2017. En aquel acuerdo, la empresa se comprometía a pagar 10 millones por La Solana y el Finisterre o 5,7 si se subastasen solo la primera.

Aquella negociación con la concesionaria se había llevado a cabo antes de que finalizase el plazo que se le había dado al Gobierno local para hacer una oferta de adquisición. El Concello registró su propuesta de compra el 10 de noviembre -cuando el plazo acababa el 31 de diciembre- aunque según el Puerto esta acción administrativa no era una oferta formal, al faltar documentación, según las conclusiones de su asesoría jurídica. El concejal Xiao Varela reprochó a la Autoridad Portuaria que tampoco se le hubiese advertido de la necesidad de enviar documentación complementaria y acusó al Puerto de querer especular con los terrenos.

La Autoridad Portuaria justificó su decisión de reabrir la subasta en diciembre alegando que su postura estaba avalada por varios informes emitidos desde el Ministerio de Hacienda, Puertos del Estado y Abogacía del Estado que le indicaron que la subasta era "lo más adecuado".